(SN; con información de NA) Las universidades nacionales realizarán un paro por 72 horas a partir de este miércoles, en reclamo de la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada el pasado 21 de octubre. La medida busca visibilizar la falta de cumplimiento por parte del Gobierno nacional de lo establecido en la norma, que prevé un aumento salarial y fondos adicionales para el sostenimiento del sistema público.
Distintos gremios docentes manifestaron que el Ejecutivo que encabeza Javier Milei “debe cumplir con la ley” y garantizar la “recomposición salarial” y la “defensa de la educación pública”. Desde la Federación Universitaria Argentina (FUA), su secretaria Pilar Barbas advirtió que, pese a las movilizaciones y a la tercera marcha federal, “los salarios no fueron recompuestos” y el Presidente “no quiere cumplir con la ley”.
“Plata hay. Este Gobierno decidió desfinanciar las universidades nacionales y públicas, destinando esos recursos a la deuda externa y a la SIDE. Debemos continuar con la profundización de las protestas contra la reforma laboral y el plan que va contra la universidad pública, los hospitales públicos y los derechos laborales”, afirmó Barbas.
La secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA), Ileana Celoto, sostuvo que la medida también pretende frenar “el vaciamiento de la educación pública” y recordó que “no aplicar una ley vigente es un acto anticonstitucional”.
“Cada día que pasa se profundiza el vaciamiento de la universidad pública. De acuerdo con lo que estipula la ley, a nosotros nos deben un 44 % de aumento. Ya es una deuda, no un reclamo”, señaló Celoto.
La dirigente advirtió además que las bajas remuneraciones están provocando una crisis estructural en el sector. “Hay docentes que no pueden sostener más sus tareas. En muchos casos los sueldos están por debajo de la línea de pobreza”, indicó, y explicó que la situación derivó en una reducción de dedicaciones y en el “vaciado de los equipos de trabajo”.
“Estamos defendiendo la universidad pública, para que no quede como una cáscara vacía con equipos que ya no pueden llevar adelante las tareas para las que fueron designados”, agregó.
Por su parte, la diputada nacional del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Mercedes de Mendieta, calificó los sueldos universitarios como “salarios de miseria”.
“Un docente que recién ingresa y trabaja diez horas semanales cobra 2.000 pesos la hora. Además, hay cientos de compañeros que están ad honorem y no perciben salario alguno”, denunció.
De Mendieta remarcó que la universidad pública “se sostiene gracias al esfuerzo de docentes, no docentes y estudiantes”, quienes resisten lo que definió como “un ajuste histórico que busca una privatización indirecta del sistema universitario”.
Finalmente, la legisladora acusó al Gobierno nacional y al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, de “incumplir de manera ilegal una ley votada por ambas Cámaras” y conquistada “con la movilización de la comunidad educativa”.
“Llamamos a toda la sociedad a que nos acompañe. Hay que luchar contra la impunidad de un Gobierno ultraderechista y sus cómplices, que no quieren aplicar una ley necesaria para el desarrollo del país”, concluyó.
