La medida se hizo efectiva mediante el Decreto 787/2025, publicado este martes, que deroga el DNU 2417/1993, el cual exigía que tanto aquellas instituciones que contaran con contribuciones estatales como las que no sean autorizadas a modificar el valor de los aranceles.
Nacionales11 de noviembre de 2025 Redacción SN
(SN; con información de C5N) El Gobierno desreguló las cuotas de los colegios privados, por lo que ahora podrán fijarse sin autorización del Estado. La normativa se publicó este martes en el Boletín Oficial a través del Decreto 787/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial. De esta manera, se derogó el decreto 2417/1993, el cual durante más décadas reguló la relación entre los establecimientos privados y el Estado en lo que tiene que ver con cuotas, matrículas y sus aumentos correspondientes.
La decisión elimina la obligación de informar anticipadamente los montos y de solicitar autorización previa para aplicar modificaciones. Dentro de los considerandos, el Gobierno explica que la norma derogada “presentaba limitaciones y requerimientos que dificultaban la adaptación de los institutos de enseñanza pública de gestión privada a las realidades educativas y económicas del país”.
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, aclaró, sin embargo, que la medida solo alcanzará a los colegios que son de gestión privada sin aportes estatales y que solo representan el 6% del sistema, que serían alrededor de 2.000 instituciones en todo el país.
Esto se debe a que permanece la vigencia del Decreto 2542/1991, que otorga al Poder Ejecutivo la facultad de establecer aranceles máximos para las escuelas subvencionadas. De no cumplir, el establecimiento podría perder el subsidio.
Entre los argumentos centrales, el decreto sostiene que la intervención estatal en la fijación de aranceles “ha generado efectos contraproducentes que afectan el funcionamiento y la viabilidad económica” de los colegios. En particular, advierte que la exigencia de informar y autorizar los valores de matrícula y cuotas con anticipación “limita la capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado, impidiendo ajustar los precios según la realidad económica y los costos operativos”.
El Gobierno también argumenta que este mecanismo de control “termina perjudicando a las familias”, ya que los institutos suelen fijar aranceles más elevados al inicio del ciclo lectivo por temor a futuros aumentos de costos no autorizados, lo que “reduce las posibilidades de elección de los padres y, en algunos casos, los obliga a trasladar a sus hijos a otras instituciones”.
El texto también invoca el derecho de propiedad de los institutos privados, al afirmar que “deberían tener la libertad de establecer sus condiciones de contratación y los salarios de su personal sin necesidad de aprobación estatal”. Según la visión oficial, la rigidez impuesta por las tarifas reguladas “puede derivar en una pérdida de calidad educativa, ya que los establecimientos no pueden responder a tiempo a variaciones en los costos de insumos, salarios y gastos operativos”.
En consecuencia, el Gobierno instruyó al Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, a revisar las disposiciones del Decreto 2542/1991, considerado la norma base del sistema de financiamiento de la educación privada, y a elevar una propuesta de actualización.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos reveló que en noviembre la canasta básica se incrementó y con números superiores a los de la inflación. Vale decir que su medición es clave porque determinan los umbrales de pobreza e indigencia.
La Justicia Federal declaró la invalidez del decreto del Poder Ejecutivo que suspendía la aplicación de la norma hasta que el Congreso determinara de dónde saldrían los fondos.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó este jueves el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al undécimo mes del año, que marcó un incremento de 2.5 % y un acumulado de 27,9% en lo que va del año
La medida se conoce luego de la reunión que mantuvo el Consejo Directivo de la central obrera. La ley propuesta por el Gobierno introduce cambios las indemnizaciones, jornada laboral, vacaciones, despidos y banco de horas, entre otros temas. "Este proyecto se hizo a espaldas del pueblo", señalaron en conferencia de prensa.
En lo que puede considerarse como un nuevo ataque a los trabajadores, el Presidente firmó el proyecto y lo envió al Congreso, con el objetivo de que se apruebe antes de fin de año en las sesiones extraordinarias. Entre los derechos que se pierden se contempla indemnizaciones, vacaciones y horas extra.
En números marcó un 7,1% menos que octubre, según informó el Índice Construya, que mide la evolución de los volúmenes de productos para la construcción que fabrican las empresas que conforman el sector y que fueron vendidos al sector privado.
La medida abarca a beneficiarios del Boleto Obrero Social (BOS), Boleto Educativo Cordobés (BEC), Boleto Adulto Mayor (BAM) y Boleto Social Cordobés (BSC) en el transporte urbano de la ciudad. Esto se debe a la decisión de la Municipalidad de Córdoba de discontinuar el sistema Red Bus.
Durante dos noches, la ciudad reconocerá a los deportistas locales por sus logros en 2025.
Información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional.
Se trata del Comité Asesor de Salud Pública con la participación de diferentes especialistas en infectología y epidemiologia, quienes tienen la tarea de analizar y monitorear la situación de la variante K del virus en países de Europa y América del Norte.
En un encuentro encabezado por el intendente Marcos Torres Lima, el Gobierno local comunicó el proyecto de Presupuesto y Tarifaria 2026. “La propuesta prevé una fuerte inversión en áreas estratégicas, con equilibrio fiscal y control del gasto público”, reza el mensaje difundido por el municipio.
