La Justicia Federal declaró la invalidez del decreto del Poder Ejecutivo que suspendía la aplicación de la norma hasta que el Congreso determinara de dónde saldrían los fondos.
Nacionales12 de diciembre de 2025 Redacción SN
(SN; con información de Página/12) La Justicia Federal hizo lugar a un amparo colectivo y ordenó al Gobierno que aplique la ley de Emergencia en Discapacidad. La norma había quedado suspendida por un decreto del Poder Ejecutivo hasta que el Congreso especificara de dónde saldrían los fondos.
El Juzgado Federal de Campana ordenó al Gobierno cumplir sin demoras la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso y suspendida luego por decreto.
El fallo no sólo restituye derechos vulnerados sino que además expone el intento del Ejecutivo de desoír la voluntad popular y desconocer la legitimidad parlamentaria, incluso cuando se trata de uno de los sectores más castigados del país.
Fallo judicial: restituyen la Ley de Emergencia en Discapacidad
El juez hizo lugar a un amparo colectivo presentado por familias, organizaciones y profesionales del sector, y declara inválido el artículo 2° del Decreto 681/2025, con el que el Gobierno había frenado la aplicación de la ley sancionada en julio. La sentencia sostiene que “nada impide al Estado cumplir con la ley y financiarla como ya hizo en otros casos”, desestimando los riesgos fiscales que argumentó la Casa Rosada.
La Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada con mayoría especial y vigente hasta 2027, ordena actualizar aranceles, garantizar continuidad de tratamientos y reforzar la protección de derechos básicos. La suspensión (por decreto) del Gobierno de Javier Milei no hizo más que agravar un sistema ya colapsado.
Crisis y abandono estatal: el impacto para miles de familias
Las organizaciones CAIDIS, FAICA, AIEPESA y ATAECaDis acompañaron la presentación judicial, alertando sobre una crisis estructural profundizada por la decisión del Gobierno de frenar una ley votada por insistencia parlamentaria.
El juez coincidió. En este sentido consideró que suspenderla violaba la supremacía constitucional y principios fundamentales de los tratados internacionales de derechos humanos.
El fallo, además, obliga a notificar a todas las partes y a publicar la sentencia en el Registro de Procesos Colectivos.
Presupuesto 2026: más señales de desoír al Congreso
La disputa política se amplifica porque el Proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el Ejecutivo no incorpora las partidas necesarias para implementar la ley ni contempla los incrementos aprobados por el Congreso.
Otra muestra de un Gobierno que insiste en desconocer decisiones legislativas y priorizar el ajuste fiscal por encima de derechos esenciales.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos reveló que en noviembre la canasta básica se incrementó y con números superiores a los de la inflación. Vale decir que su medición es clave porque determinan los umbrales de pobreza e indigencia.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó este jueves el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al undécimo mes del año, que marcó un incremento de 2.5 % y un acumulado de 27,9% en lo que va del año
La medida se conoce luego de la reunión que mantuvo el Consejo Directivo de la central obrera. La ley propuesta por el Gobierno introduce cambios las indemnizaciones, jornada laboral, vacaciones, despidos y banco de horas, entre otros temas. "Este proyecto se hizo a espaldas del pueblo", señalaron en conferencia de prensa.
En lo que puede considerarse como un nuevo ataque a los trabajadores, el Presidente firmó el proyecto y lo envió al Congreso, con el objetivo de que se apruebe antes de fin de año en las sesiones extraordinarias. Entre los derechos que se pierden se contempla indemnizaciones, vacaciones y horas extra.
En números marcó un 7,1% menos que octubre, según informó el Índice Construya, que mide la evolución de los volúmenes de productos para la construcción que fabrican las empresas que conforman el sector y que fueron vendidos al sector privado.
Este miércoles 10 de diciembre se conmemora la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas y un nuevo aniversario de la asunción a la presidencia de la Nación de Raúl Alfonsín, elegido por el voto popular, luego de siete años de dictadura.
En lo que puede considerarse como un nuevo ataque a los trabajadores, el Presidente firmó el proyecto y lo envió al Congreso, con el objetivo de que se apruebe antes de fin de año en las sesiones extraordinarias. Entre los derechos que se pierden se contempla indemnizaciones, vacaciones y horas extra.
La medida se conoce luego de la reunión que mantuvo el Consejo Directivo de la central obrera. La ley propuesta por el Gobierno introduce cambios las indemnizaciones, jornada laboral, vacaciones, despidos y banco de horas, entre otros temas. "Este proyecto se hizo a espaldas del pueblo", señalaron en conferencia de prensa.
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La medida abarca a beneficiarios del Boleto Obrero Social (BOS), Boleto Educativo Cordobés (BEC), Boleto Adulto Mayor (BAM) y Boleto Social Cordobés (BSC) en el transporte urbano de la ciudad. Esto se debe a la decisión de la Municipalidad de Córdoba de discontinuar el sistema Red Bus.
Durante dos noches, la ciudad reconocerá a los deportistas locales por sus logros en 2025.
