(SN; con información de La Nueva Mañana) El próximo miércoles se tratará en el Congreso el proyecto enviado por el Gobierno para la modificación de la Ley de Glaciares (Ley N° 26.639), la cual incluye una serie de cambios que configura una alerta para las reservas de agua potable para siete millones de personas. Desde el Ejecutivo Nacional insistieron en que el objetivo es "ordenar el marco normativo vigente, redefinir ciertos criterios y consolidar un esquema de federalismo ambiental, reforzando el rol de las autoridades provinciales".
Uno de los puntos más sensibles del proyecto establece que los equipos técnicos de las gestiones provinciales podrán determinar que un glaciar o ambiente periglacial quede fuera del Inventario Nacional de Glaciares, siempre que consideren que no cumple la función de reserva estratégica de agua. En esos casos, el IANIGLIA -organismo responsable del relevamiento oficial- “deberá eliminarlo” del registro, informó LNM.
De este modo, la iniciativa pondrá en riesgo la existencia de las reservas de agua pura ya que se planea que sean parte del uso intensivo de proyectos mineros que se desarrollarán en zonas cercanas a estas formaciones hasta ahora protegidas. El Gobierno quiere modificar la actual legislación para entregarle a los gobernadores, sobre todo los aliados, “el ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales”.
En ese marco, especialistas y organizaciones ambientalistas ya alertaron sobre los riesgos que implicaría la modificación de la normativa. Desde la organización Jóvenes por el Clima señalaron que la reforma “pone en riesgo el acceso al agua potable de más de siete millones de personas, afecta la regulación hídrica de cuencas enteras y genera una desprotección estructural de reservas estratégicas”.
“Argentina cuenta con 16.968 glaciares que ocupan una superficie de 8.484 kilómetros cuadrados”, los cuales “alimentan 36 cuencas hídricas que abastecen al 18% de la población y constituyen la segunda reserva de agua dulce más grande de América Latina”, indicó la organización.
En ese sentido, remarcaron: “No estamos contra el desarrollo minero. Estamos en contra de poner en riesgo el agua potable de millones de argentinos para satisfacer la demanda de cobre del gobierno de Donald Trump”.
