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(Córdoba; SN) El gobernador Martín Llaryora presentó este martes la reforma del sistema previsional de Córdoba, una norma que fue aprobada la semana pasada en la Legislatura provincial y que generó un fuerte rechazo de los sindicatos estatales. La iniciativa introduce modificaciones en los aportes personales de trabajadores activos y redefine el esquema del denominado aporte solidario.
La presentación se realizó a través de un video grabado, en el que el mandatario provincial argumentó que la Caja de Jubilaciones “arrastra desde hace años un problema estructural de déficit”, originado en gestiones anteriores y de distintos signos políticos.
En ese marco, Llaryora sostuvo que parte del desfinanciamiento se resolvería si el Estado nacional saldara la deuda que mantiene con Córdoba. “Seguimos reclamando ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nuestro objetivo es que los jubilados provinciales sostengan ingresos mejores que los del sistema nacional”, afirmó.
Entre los puntos centrales de la ley, denominada Equidad Jubilatoria, se destaca la eliminación del FOCCA, la creación de una nueva escala progresiva de aportes personales, y la reducción del alcance del aporte solidario. Además, se establece el pago de un adicional no remunerativo que implica un incremento de hasta el 82% del haber bruto para jubilados que perciben hasta 1.300.000 pesos.
Con el nuevo esquema, los descuentos a trabajadores activos destinados a la Caja de Jubilaciones aumentan entre dos y ocho puntos, según el nivel de ingresos, y reemplazan el aporte fijo del 4% vigente hasta ahora.
La nueva escala de aportes personales queda definida de la siguiente manera:
La ley también modifica el esquema del aporte solidario, elevando el piso mínimo de 1.260.000 a 1.890.000 pesos. Según el Gobierno provincial, 9.856 beneficiarios dejarán de pagar este aporte.
Entre 1.890.000 y 2.100.000 pesos: 5%.
Entre 2.100.000 y 2.520.000 pesos: 10%.
Entre 2.520.000 y 2.940.000 pesos: 15%.
Más de 2.940.000 pesos: 20%.
Desde los sindicatos estatales, más de quince organizaciones manifestaron su rechazo a la reforma y denunciaron que la discusión se llevó adelante “a puertas cerradas”, sin cumplir con la mesa de diálogo que el Gobierno había prometido.
Los cambios comenzarán a aplicarse sobre los haberes de diciembre, que se cobrarán en enero, en un contexto de fuerte tensión entre el Ejecutivo provincial y los gremios del sector público.
