(Buenos Aires: SN).- Una investigación judicial sobre las condiciones de vida en el penal de Ezeiza escaló hasta la cúpula del Servicio Penitenciario Federal (SPF), revelando una trama que combina presunta corrupción millonaria, condiciones de detención inhumanas y un insólito episodio de resistencia a la autoridad.
El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, ordenó un procedimiento en las oficinas de Fernando Martínez, director del SPF. La justicia investiga una red de cartelización en el suministro de alimentos para los presos, un negocio que factura aproximadamente 37.230 millones de pesos anuales (unos 24,8 millones de dólares).
El "extravío" que salvó al director
El operativo quedó envuelto en una maniobra sospechosa. Cuando los funcionarios judiciales solicitaron el teléfono móvil de Martínez, el director -quien asumió con la gestión libertaria en 2024- entregó un dispositivo antiguo y alegó que su celular de uso diario se había "extraviado" esa misma mañana.
Sin embargo, el peritaje técnico de urgencia contradijo su versión: el rastreo de antenas determinó que el celular "perdido" tuvo actividad apenas una hora antes de que la policía irrumpiera en sus oficinas de Barracas. Los investigadores sospechan que Martínez recibió un aviso previo, permitiéndole deshacerse del aparato que contendría pruebas de su vínculo con las empresas proveedoras.
Una película de terror a la hora de comer
La causa se originó por una "catarata" de habeas corpus presentados por internos del penal de Ezeiza. Rubén C., quien estuvo detenido tres años en el pabellón LGBT, relató escenas dantescas a Infobae:
Contaminación: Hallazgo de clavos, cucarachas, mechones de pelo y cintas de embalar en la comida.
Estado de descomposición: Polenta con salsa blanca sin proteína, manzanas podridas y carne compuesta mayormente por grasa, cartílago o "cogote" de pollo de color verduzco.
Peligro sanitario: El propio juez Villena se intoxicó tras probar una de las viandas.
Informes de la ANMAT confirmaron que las raciones no son aptas para consumo humano al detectar bacterias como Escherichia coli, Listeria y Bacillus cereus, indicadores de una grave falta de higiene y manipulación deficiente.
El negocio de las "empresas pantalla"
La hipótesis principal del Juez Villena apunta a una maniobra para burlar prohibiciones judiciales. El año pasado, la empresa Food Rush S.A. fue apartada del servicio por irregularidades. Sin embargo, la justicia sospecha que la nueva adjudicataria, Biolimp, es en realidad una pantalla de la anterior.
"Biolimp usaba camiones de Food Rush con un ploteo de la firma Q-Chef encima, observable a simple vista", detallaron fuentes de la investigación. Ambas firmas comparten empleados y domicilios fiscales.
A pesar de que el Estado paga 17.000 pesos por plato (el valor de un menú ejecutivo en cualquier restaurante porteño), la realidad intramuros es otra: el hambre obliga a los presos a comprar víveres en la "cantina" del penal, donde un kilo de cebolla cuesta $1.700 y un maple de huevos llega a los $16.000.
Un desafío a la Justicia
La tensión durante el allanamiento fue tal que el magistrado consideró la detención inmediata de Martínez. El funcionario llegó al lugar en una camioneta Toyota Hilux a nombre de Enrique Antequera, un referente de "La Salada" actualmente prófugo.
