
(SN; Buenos Aires) Con una agenda ajustada y tras las fuertes críticas que despertó el artículo referido a licencias médicas, el oficialismo adelantó que introducirá modificaciones durante el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. La intención es que el proyecto regrese al Senado y quede convertido en ley antes del 27 de febrero.
El Gobierno activó la carrera para aprobar la reforma laboral en el marco de las sesiones extraordinarias. El bloque de La Libertad Avanza aspira a obtener dictamen este jueves en comisión, llevar el texto al recinto el viernes y, en caso de lograr la aprobación, girarlo nuevamente al Senado. En la Cámara alta deberá cumplir el trámite reglamentario antes de ser debatido en sesión.
El punto más cuestionado es el artículo que modifica el régimen de licencias médicas. La redacción aprobada en el Senado establece que, ante un accidente o enfermedad no vinculados al trabajo, el trabajador percibirá el 50% del salario si el hecho deriva de una “actividad voluntaria y consciente del riesgo”, y el 75% si no hubo intención. El oficialismo ejemplificó esa situación con lesiones sufridas al practicar deportes.
Las críticas provinieron de sectores sindicales y de bloques dialoguistas. Desde el Ejecutivo, la ministra Patricia Bullrich defendió la iniciativa y denunció la existencia de una “mafia de certificados truchos” que, según sostuvo, perjudica a las empresas. Posteriormente, señaló que en casos de enfermedades graves se mantendría el pago del 100% del salario, aunque con la exigencia de certificado “fehaciente” o junta médica.
El oficialismo cuenta con 95 votos propios en Diputados, lejos de los 129 necesarios para alcanzar la mayoría. Esa diferencia obliga a negociar con bloques aliados para garantizar el quórum y la aprobación del texto.
El apuro responde a la intención del presidente Javier Milei de inaugurar el período ordinario de sesiones el 1° de marzo con la reforma sancionada. En ese contexto, el Ejecutivo extendió las extraordinarias hasta el 28 de febrero.
El debate legislativo se desarrolla además en medio de un paro general anunciado por la Confederación General del Trabajo, que rechaza el contenido del proyecto y cuestiona lo que considera una pérdida de derechos laborales.
















