Con el envío de proyectos clave al Congreso, el Gobierno Nacional busca eliminar definitivamente la Ley de Tierras de 2011. Investigadores del CONICET advirtieron que, en un contexto de creciente presión sobre los recursos estratégicos, la derogación podría ampliar la extranjerización en zonas hídricas, mineras y fronterizas.
Nacionales15 de enero de 2026
SN
(SN; Conicet) El Observatorio de Tierras, integrado por investigadoras/es del CONICET y la UBA, presentó un mapa interactivo que revela el alcance de la extranjerización de la tierra en Argentina. El estudio estima que casi el 5% del territorio nacional —más de 13 millones de hectáreas, una superficie similar a Inglaterra— pertenece a firmas o Estados extranjeros.
El informe contradice el argumento oficial de que ninguna provincia supera el límite legal del 15%: al analizar por departamentos, 36 distritos ya lo exceden. Casos críticos se registran en Lacar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja), Molinos y San Carlos (Salta), donde la extranjerización supera el 50%. También hay altos porcentajes en zonas estratégicas del río Paraná.
Según los investigadores, Estados Unidos lidera la tenencia con 2,7 millones de hectáreas, seguido por Italia y España. Advierten que derogar la Ley de Tierras no apunta a inversiones productivas, sino a facilitar la apropiación de recursos estratégicos, lo que podría profundizar conflictos sociales.
El Congreso como esenario
Con la renovación del Congreso y un clima político favorable a reformas profundas, el Gobierno anunció el envío de varios proyectos clave, entre ellos la derogación definitiva de la Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la propiedad y tenencia de tierras rurales, conocida como Ley de Tierras (26.737), vigente desde 2011. La medida reactiva un debate central sobre el control de los territorios estratégicos y el avance de la propiedad extranjera en zonas sensibles del país.
Para comprender el alcance del cambio, es necesario retroceder al origen del problema. A fines de los años noventa, durante el gobierno de Carlos Menem, la creación de la Secretaría de Seguridad Interior (SSI) habilitó la venta de más de 8 millones de hectáreas en zonas de seguridad fronteriza, pese a que el decreto 15.385/1944 restringía estas operaciones a ciudadanos argentinos. La década estuvo marcada por irregularidades y triangulaciones, con casos emblemáticos como Lago Escondido, en Río Negro, adquirido por el empresario británico Joe Lewis, y extensas áreas de Patagonia compradas por el italiano Luciano Benetton.
El boom internacional de los precios de los alimentos en los años 2000 aceleró el proceso: la devaluación facilitó la compra de tierras fértiles y estratégicas por parte de extranjeros. En respuesta, en 2011 se sancionó la Ley de Tierras, que estableció un tope del 15% de extranjerización por provincia y departamento, y reforzó los controles para evitar maniobras societarias destinadas a esquivar la supervisión estatal.
Sin embargo, en 2016, el Decreto 820/2016 del gobierno de Mauricio Macri flexibilizó la aplicación de la norma, redujo requisitos, permitió notificar cambios societarios después de realizados e introdujo definiciones más amplias sobre quién era considerado extranjero. En la práctica, estas modificaciones alteraron la forma de medir la extranjerización en sociedades, sucesiones y participaciones indirectas. Como resultado, entre los relevamientos de 2015 y 2022 se registró una baja estadística que no refleja una reducción real, sino un cambio metodológico.
La situación volvió a transformarse en 2023, cuando el DNU 70/2023 de la administración de La Libertad Avanza derogó la ley. Pero en enero de 2024, un amparo presentado por el CECIM La Plata frenó provisoriamente esa derogación en la justicia.
Dónde se concentra la extranjerización
Aunque el Gobierno sostiene que ninguna provincia supera el límite del 15%, la mirada por departamento muestra un escenario más complejo: 36 departamentos ya exceden ese tope, y cuatro de ellos —Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja), Molinos y San Carlos (Salta)— superan el 50%. Muchos concentran bienes estratégicos como agua dulce, zonas mineras o áreas fronterizas sensibles.
Otros departamentos clave, ubicados sobre el río Paraná, como Iguazú (Misiones), Ituzaingó y Berón de Astrada (Corrientes), y Campana (Buenos Aires), superan ampliamente el 30%.
En total, cerca del 5% del territorio nacional —más de 13 millones de hectáreas, una superficie equivalente a Inglaterra— está en manos extranjeras. Entre las nacionalidades predominan estadounidenses (2,7 millones de hectáreas), italianos y españoles, que en conjunto poseen la mitad de toda la tierra en manos extranjeras.
Una disputa global por los recursos
La posible derogación definitiva apunta a habilitar compras en zonas de altísimo valor natural y estratégico: lagos patagónicos, bosques nativos, cordillera con minerales críticos, acuíferos esenciales y áreas logísticas claves sobre los grandes ríos. En un contexto internacional marcado por tensiones crecientes por el control del agua, la energía y los minerales, el desmantelamiento de las protecciones existentes plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para resguardar recursos vitales.
El reciente giro geopolítico expresado en el “corolario de Trump” a la Doctrina Monroe evidencia una disputa renovada por los recursos estratégicos en América Latina, un marco en el que la redefinición de quién controla los territorios argentinos adquiere un peso especial.
En este escenario, especialistas advierten que definir qué tierras pueden venderse, bajo qué condiciones y a quién, no es un trámite administrativo, sino una decisión que condiciona el acceso a recursos esenciales y la posibilidad de trazar un proyecto de desarrollo soberano. La eventual eliminación de los límites vigentes reconfigura —dicen— quién decide, quién accede y quién queda afuera en algunos de los espacios más sensibles del país.
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