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(Buenos Aires; SN). El Gobierno nacional dispuso limitar a un plazo máximo de seis meses la renovación de contratos de trabajadores del Estado mayores de 65 años que no cuentan con los aportes necesarios para acceder a la jubilación, una decisión que generó un fuerte rechazo por parte de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
La resolución, firmada por el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, establece que para solicitar la continuidad contractual será obligatorio presentar la constancia de intimación a jubilarse. Según el gremio, la medida apunta a reducir la planta de personal mediante la desvinculación de empleados que alcanzaron la edad jubilatoria pero no cumplen con los años de servicio exigidos por el sistema previsional.
Maximiliano Fariña, secretario de Transformación del Estado y Función Pública.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, calificó la decisión como “cruel e inhumana” y advirtió que deja a numerosos trabajadores “sin empleo, sin obra social y sin la posibilidad real de jubilarse”. En ese sentido, sostuvo que la normativa coloca a los empleados afectados ante un dilema extremo: optar por la Pensión Universal para el Adulto Mayor o perder su fuente laboral.
Actualmente, la PUAM se ubica en 279.443 pesos, un ingreso significativamente menor al salario que perciben los trabajadores en actividad. Desde el gremio señalaron que esta alternativa no garantiza condiciones de subsistencia adecuadas ni reconoce la trayectoria laboral de los empleados alcanzados por la medida.
ATE también alertó que la resolución no contempla excepciones por funciones críticas, por lo que se aplicará incluso en organismos con dotaciones insuficientes o en áreas donde los trabajadores afectados son los únicos con conocimientos técnicos específicos. Según el sindicato, esta rigidez podría afectar el funcionamiento de distintas dependencias del Estado.
En este marco, el gremio comenzó a delinear acciones para resistir la medida, a la que considera una nueva etapa de ajuste sobre el empleo público. Al reclamo se sumaron cuestionamientos por la falta de convocatoria a paritarias y la posibilidad de recortes adicionales en distintas áreas de la administración nacional.
