(Buenos Aires; SN).- Una red de propaganda vinculada a intereses rusos habría desplegado operaciones en Argentina con el objetivo de influir en la opinión pública, instalar agendas y profundizar la polarización política durante los primeros meses del gobierno de Javier Milei.
La investigación fue publicada por el consorcio de medios Filtraleaks y firmada por los periodistas Santiago O’Donnell, Diana Cariboni y Sofía Alvarez Jurado. El trabajo se basa en documentos filtrados que describen una estructura denominada “La Compañía”, señalada como heredera de dispositivos de influencia asociados al entorno de Yevgeny Prigozhin.
Prigozhin fue un empresario ruso cercano al Kremlin y fundador del Grupo Wagner, organización paramilitar con actuación en distintos conflictos internacionales. Diversas investigaciones lo vincularon con operaciones de desinformación global antes de su muerte en 2023, en un accidente aéreo que generó despertó sospechas, ya que semanas previas el líder del grupo de mercenarios se había amotinado contra el gobierno encabezado por Vladimir Putin.
Según la documentación analizada, la red operó mediante un esquema descentralizado que combinó financiamiento, producción de contenidos y distribución en plataformas digitales.
Entre junio y octubre de 2024 se habrían financiado más de 250 artículos en al menos 20 medios digitales argentinos. Los pagos superarían los 280.000 dólares y se habrían canalizado a través de intermediarios para evitar rastros directos.
Los contenidos respondían a una lógica híbrida: incluían datos verificables junto con afirmaciones falsas o engañosas. Esta técnica busca aumentar la credibilidad de las piezas y facilitar su circulación en entornos informativos saturados.
Además, la red habría utilizado identidades ficticias, firmas apócrifas y perfiles con imágenes generadas por inteligencia artificial. En algunos casos, las notas se publicaban sin autor identificado.
El objetivo fue actuar ante el cambio de rumbo que significó la llegada de Milei en la guerra entre Rusia y Ucrania, sobre todo, luego de que el presidente ucraniano Volodimir Zelensky fuera invitado a la asunción.
La campaña de La Compañía, titulada Argentina no necesita una guerra ajena", incluyó la realización de 89 graffitis en Buenos Aires, la colocación de pancartas en calles y en un partido de fútbol de la copa Libertadores, contenidos en redes sociales y artículos de columnistas argentinos, entrevistas con políticos y preparación de sus declaraciones ”sobre el perjuicio que supone el apoyo a Ucrania para los intereses nacionales argentinos“, señala la investigación.
También se identificaron líneas discursivas vinculadas al posicionamiento internacional de Argentina, en particular respecto de la guerra en Ucrania y la relación con Estados Unidos y Europa.
Los documentos sugieren que la operación no se limitó al plano mediático. Se mencionan gastos en tareas de inteligencia, relevamiento territorial y construcción de redes de influencia.
Este tipo de estrategias forma parte de lo que especialistas denominan “guerra híbrida”, en la que se combinan herramientas informativas, políticas y tecnológicas para incidir en otros países sin intervención militar directa.
Argentina aparece en este esquema como un escenario relevante por su posición regional y por el giro en política exterior impulsado por la administración de Javier Milei.
Tras la difusión del informe, el presidente Javier Milei reclamó avanzar en la identificación de todos los involucrados en la presunta operación.
El mandatario calificó la situación como un hecho de “gravedad institucional pocas veces vista” y pidió que la Justicia investigue a “todos los actores directos e indirectos”, incluyendo a quienes participaron en la publicación de los contenidos.
En declaraciones públicas, sostuvo que los periodistas y medios señalados podrían ser “la punta del iceberg” de una estructura más amplia de influencia extranjera.
La postura oficial introduce un elemento de tensión adicional, al poner el foco no solo en la posible injerencia externa sino también en el rol de actores locales dentro del sistema mediático.
La publicación del trabajo de Filtraleaks se produce en un contexto de reacomodamiento político del Gobierno, que busca recuperar la iniciativa tras el escándalo que involucra al Jefe de Gabinete de ministros, Manuel Adorni.
En ese escenario, la denuncia de una operación extranjera introduce un nuevo eje en la agenda pública. El tema desplaza parcialmente el foco del conflicto interno y reconfigura el debate hacia la seguridad informativa y la soberanía comunicacional.
Al mismo tiempo, la reacción presidencial abre interrogantes sobre los límites entre la investigación de campañas de desinformación y la presión sobre periodistas y medios.
El caso expone la vulnerabilidad del ecosistema informativo frente a estrategias sofisticadas de influencia externa, en un contexto de alta fragmentación mediática y circulación acelerada de contenidos.
También plantea desafíos para el sistema democrático: cómo garantizar la transparencia informativa, cómo detectar operaciones encubiertas y cómo evitar que estas denuncias se utilicen como herramienta de confrontación política interna.
La revelación se inscribe en una tendencia global en la que las disputas geopolíticas se trasladan al terreno de la información. En ese marco, Argentina aparece como un nuevo capítulo de una disputa que ya impacta en múltiples países.
