(Alta Gracia; SN; Siempre Radio) La decisión de la Justicia laboral de suspender más de 80 artículos de la reforma laboral marcó un punto de inflexión en el debate sobre la ley impulsada por el gobierno de Javier Milei. La medida, de carácter cautelar, fue dictada tras una presentación de la Confederación General del Trabajo y pone en pausa aspectos centrales de la normativa hasta que se resuelva su constitucionalidad.
El fallo fue emitido por el Juzgado Nacional del Trabajo, a cargo del juez Raúl Horacio Ojeda, quien consideró que existen indicios suficientes de que la reforma podría vulnerar derechos de rango constitucional. En este contexto, se resolvió suspender provisoriamente la aplicación de los artículos cuestionados.
Una medida cautelar, no un fallo definitivo
En dialogo con Siempre Radio Biafore explicó que la resolución judicial no implica aún una declaración de inconstitucionalidad, sino una instancia previa. “Es una medida cautelar que suspende la aplicación de la ley hasta que se analice el fondo del planteo”, señaló.
El planteo presentado por la CGT se encuadra en una acción declarativa de certeza, un mecanismo que busca que la Justicia determine si una norma afecta derechos constitucionales. Para que prospere, debe demostrar verosimilitud en el reclamo, algo que el juez consideró cumplido en esta primera instancia.
“Lo que se evalúa es si hay una afectación posible de derechos. Por eso se frena la aplicación, para evitar daños mientras se resuelve”, agregó el especialista.
Qué artículos quedaron suspendidos
La medida alcanza a puntos clave de la reforma, tanto en materia individual como colectiva. Entre ellos, se destacan cambios en el régimen de horas extras —como el denominado banco de horas—, modificaciones en el cálculo de indemnizaciones y alteraciones en principios históricos del derecho laboral.
“Se suspenden incluso principios como el indubio pro operario, que establece que ante la duda se debe fallar a favor del trabajador”, explicó Biafore.
En el plano colectivo, también quedaron en pausa artículos vinculados al derecho de huelga, las asambleas sindicales y la prevalencia de convenios de empresa por sobre los de actividad, además de la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos.
A esto se suman disposiciones sobre el funcionamiento de la justicia laboral, lo que da cuenta del alcance integral de la medida.
Críticas al concepto de “modernización”
Más allá del fallo, Biafore cuestionó el enfoque de la reforma y rechazó que se trate de una modernización del sistema laboral. “No es una modernización ni era necesaria en estos términos. Es una norma que empeora las condiciones de negociación de los trabajadores”, afirmó.
En su análisis, la ley apunta a reducir costos laborales en favor de los empleadores. “Se busca una mayor rentabilidad a partir de más horas de trabajo y no de inversión en tecnología. Es un cambio de paradigma”, sostuvo.
El abogado también remarcó que la Constitución Nacional establece un principio protectorio del trabajo, lo que obliga a que las leyes resguarden derechos básicos. “Cuando eso se altera, aparece el problema de constitucionalidad”, advirtió.
Un debate que recién empieza
La suspensión de estos artículos abre ahora un proceso judicial que podría extenderse en el tiempo y que será clave para definir el futuro de la reforma. Mientras tanto, la normativa queda parcialmente sin efecto en sus puntos más sensibles.
En paralelo, el fallo reaviva el debate político y sindical sobre el modelo laboral que propone el Gobierno y su impacto en el mercado de trabajo.
“Estamos frente a una discusión de fondo sobre qué tipo de relaciones laborales se quieren en la Argentina”, concluyó Biafore.
