De la Sota cruzó a Milei por desobedecer a la Justicia por fondos universitarios

La diputada exigió respetar una resolución judicial y actualizar salarios, becas y fondos para sostener el sistema universitario.
Política01 de abril de 2026SNSN

(Córdoba; SN).- La diputada nacional Natalia de la Sota exigió al presidente Javier Milei cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y acatar el fallo judicial que ordena su aplicación inmediata.

A través de la red social X, la legisladora sostuvo que la norma fue aprobada por el Congreso y ratificada con dos tercios de los votos. En ese marco, cuestionó que el mandatario ignore la decisión judicial y calificó la situación como inadmisible.

El pronunciamiento se produce luego de que la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmara una medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a ejecutar la ley. El fallo ratificó que deben actualizarse los salarios de docentes y no docentes, además de recomponerse los programas de becas estudiantiles.

Los jueces también rechazaron los argumentos del Gobierno nacional y consideraron que el impacto fiscal de la medida es bajo, al tiempo que remarcaron que está en juego un derecho central como la educación superior pública.

La resolución judicial se originó en un amparo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional junto a otras instituciones, en medio de un conflicto creciente por el financiamiento del sistema universitario.

En su mensaje, De la Sota reclamó avanzar de manera inmediata en la recomposición de los ingresos del sector. Puntualmente, pidió actualizar salarios, aumentar los montos de las becas y garantizar recursos para la investigación.

El fallo se inscribe en una disputa más amplia entre el Gobierno y las universidades públicas. La ley había sido sancionada por el Congreso y luego vetada por el Ejecutivo, aunque posteriormente fue ratificada. Pese a ello, la administración nacional dictó un decreto que frenó su aplicación, lo que derivó en la intervención de la Justicia.

En ese contexto, distintos sectores académicos y políticos advierten sobre el deterioro presupuestario y salarial, y reclaman el cumplimiento efectivo de la normativa para garantizar el funcionamiento del sistema universitario en todo el país.

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