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(Córdoba; SN) El Ministerio Público Fiscal de la Nación imputó este miércoles a las máximas autoridades de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. Según informaron los fiscales Nicolás Turano y Maximiliano Hairabedián, la medida alcanza a la presidenta Graciela Montesi, al vicepresidente Abel Sánchez Torres, y a los secretarios Mario Olmedo y Gustavo Flores. La pesquisa se encuentra bajo secreto de sumario, por orden del juez Alejandro Sánchez Freytes, y analiza delitos que incluyen abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, falsedad ideológica y coacción.
El origen de la investigación se remonta a una denuncia presentada por la abogada y funcionaria judicial Celina Laje Anaya, publicada por el sitio Perfil Córdoba. La denuncia señala una presunta manipulación en la integración de las Salas A y B del tribunal durante 2023, con el objetivo de favorecer a la cerealera Bunge en causas por evasión tributaria que involucraban a sus directivos.
De acuerdo con los fiscales, se investiga si Montesi y Sánchez Torres ocultaron expedientes provenientes de los juzgados federales de Río Cuarto y Villa María, un procedimiento conocido como “cajoneo”, para impedir que otras vocalías intervinieran en las causas según los cauces legales.
Un eje clave de la imputación recae sobre Abel Sánchez Torres por presuntas maniobras de hostigamiento laboral. La denunciante relató que, tras resistirse a órdenes irregulares sobre la integración de las salas, comenzó a sufrir malos tratos físicos y psicológicos, que incluían reducción de salario y cambios de categoría como represalia, afectando su salud y desempeño.
Por su parte, los fiscales detectaron incongruencias en la declaración del secretario Gustavo Flores, solicitando su imputación por presunto falso testimonio durante los primeros pasos de la instrucción, según consta en el expediente.
La gravedad del caso llevó al Procurador General de la Nación a designar específicamente a Nicolás Turano para coadyuvar en la investigación, debido a la sensibilidad política y judicial que representa imputar a jueces que supervisan toda la jurisdicción federal de la provincia.
