SN
(Buenos Aires; SN) El proyecto de reforma de la ley de propiedad privada impulsado por el gobierno de Javier Milei abrió un fuerte frente de conflicto en el Senado, donde el oficialismo deberá negociar cambios para reunir los votos necesarios para su aprobación.
La iniciativa propone eliminar las restricciones vigentes para la compra de tierras por parte de extranjeros, uno de los puntos más controvertidos. Actualmente, la normativa fija un límite de 1.000 hectáreas, establecido por la ley 26.737 sancionada en 2011 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
Fuentes parlamentarias reconocieron que “por ahora no están los votos” y que será necesario avanzar en acuerdos con bloques dialoguistas como la UCR, el PRO y sectores provinciales. Las negociaciones apuntan a conseguir primero dictamen en comisiones y luego el respaldo en el recinto.
Desde esos espacios aliados surgieron objeciones al esquema planteado por el Ejecutivo. Si bien algunos coinciden en revisar los límites actuales, rechazan habilitar la compra de tierras “sin restricciones”. En esa línea, la senadora Edith Terenzi advirtió sobre el impacto en provincias con territorios estratégicos: “Me preocupa que sin límites cuantitativos se pierdan herramientas para evitar la concentración en manos extranjeras”, señaló.
El proyecto, firmado también por el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el resto del gabinete, plantea un cambio de enfoque: en lugar de fijar topes generales, propone controles focalizados cuando intervengan Estados extranjeros o entidades vinculadas.
Otro eje de conflicto es la modificación de la ley de barrios populares. La iniciativa limita las expropiaciones y elimina la suspensión de desalojos vigente por diez años, lo que —según advierten sectores dialoguistas— podría derivar en un aumento de desalojos. Además, se reduce la participación de organizaciones barriales en obras y se transfiere mayor responsabilidad a provincias y municipios.
El Gobierno, por su parte, sostiene que la norma vigente no logró resultados: tras siete años de aplicación, apenas el 0,08% de los habitantes de barrios populares accedió al título de propiedad.
La reforma también introduce cambios en los procesos de desalojo, con plazos más breves, y modifica la ley de manejo del fuego al eliminar restricciones para la venta y uso de tierras afectadas por incendios, otro punto que genera resistencias.
Sin convocatoria aún a plenario de comisiones, el oficialismo enfrenta una semana clave de negociaciones. El resultado de esas conversaciones definirá si el proyecto avanza o queda condicionado por las diferencias dentro de su propio frente político.
