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(Buenos Aires; SN) El Gobierno nacional reglamentó este lunes aspectos centrales de la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, entre ellos el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema que modifica el esquema tradicional de indemnizaciones por despido y que fue cuestionado por sindicatos y especialistas en derecho laboral durante su tratamiento legislativo.
La medida fue oficializada mediante una serie de decretos publicados en el Boletín Oficial. Además del FAL, el Ejecutivo puso en marcha el Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER), destinado a regularizar trabajadores no registrados, y estableció modificaciones en convenios colectivos, actividad sindical, licencias médicas, plataformas digitales y registración laboral.
El punto más controvertido de la reglamentación es el Fondo de Asistencia Laboral. El sistema prevé que las empresas realicen aportes periódicos a fondos específicos destinados a cubrir futuras indemnizaciones por despido, reemplazando el mecanismo tradicional mediante el cual el empleador afronta directamente el costo al momento de desvincular a un trabajador.
Aunque la reglamentación ya fue publicada, el Gobierno decidió postergar su entrada en vigencia hasta el 1 de noviembre. Hasta entonces, distintos organismos nacionales deberán completar las normas técnicas necesarias para su implementación.
Durante el debate de la reforma laboral, centrales sindicales y abogados laboralistas advirtieron que el nuevo esquema podría debilitar la protección frente a despidos arbitrarios y modificar uno de los pilares históricos del derecho laboral argentino. Desde el oficialismo, en cambio, sostienen que el sistema brindará mayor previsibilidad a las empresas y reducirá la litigiosidad laboral.
Otro de los ejes reglamentados es el Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER), que permitirá a los empleadores regularizar trabajadores no registrados o registrados de manera deficiente. La iniciativa contempla importantes beneficios económicos para quienes adhieran al sistema.
La reglamentación establece condonaciones de hasta el 90 por ciento de determinadas deudas vinculadas a aportes y contribuciones para micro y pequeñas empresas, mientras que las medianas y grandes compañías accederán a porcentajes menores de reducción. También se prevé la extinción de acciones penales en algunos casos y la eliminación de sanciones administrativas.
La medida fue presentada por el Gobierno como una herramienta para promover la formalización del empleo. Sin embargo, sectores sindicales cuestionan que el esquema beneficie a empleadores que mantuvieron trabajadores en la informalidad y dejaron de realizar aportes al sistema de seguridad social.
Para los trabajadores alcanzados por la regularización, el tiempo reconocido será computado para acceder a jubilaciones, pensiones, prestaciones por invalidez y cobertura por desempleo.
La reglamentación también dispone la renegociación de convenios colectivos vencidos o que no tengan una fecha determinada de finalización. En ese proceso deberán adecuarse aportes y contribuciones previstos en distintos acuerdos laborales.
Además, se incorporan nuevas exigencias para la obtención de personería gremial y se modifican reglas vinculadas a la representación sindical dentro de los lugares de trabajo. Entre otros aspectos, se establecen restricciones para el uso de horas gremiales y nuevos mecanismos de verificación de afiliados.
Las modificaciones fueron observadas por sectores sindicales, que consideran que podrían dificultar la actividad gremial y fortalecer el control estatal sobre las organizaciones de trabajadores.
Otro de los cambios introducidos por la reglamentación alcanza a repartidores y conductores que trabajan mediante aplicaciones digitales. La normativa ratifica su encuadre como trabajadores independientes y no como empleados bajo relación de dependencia, una definición que continúa generando debate en distintos países respecto de los derechos laborales de quienes desarrollan estas tareas.
Por otra parte, el Gobierno modificó el sistema de registración laboral en la construcción, que dejará de estar bajo la órbita del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) para pasar a ser administrado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La reglamentación representa un nuevo avance en la aplicación de la reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei, una iniciativa que desde su presentación generó fuertes cruces entre el Gobierno, organizaciones sindicales y especialistas en derecho laboral por el alcance de los cambios sobre las relaciones entre trabajadores y empleadores.
