

El Estado que prometió retirarse ahora quiere saberlo todo

(Especial para Sumario Noticias).- Desde Singapur hasta Buenos Aires, los gobiernos crean réplicas virtuales de ciudades, sistemas y personas. La pregunta no es si la tecnología funciona. Es para qué y en manos de quién. Los casos exitosos replican infraestructura. Los peligrosos replican ciudadanos.
Imagine que construye una casa y antes de poner un ladrillo, la prueba entera en una computadora: simula inundaciones, resistencia, luminosidad. Cuando algo falla en la pantalla, lo corrige. Recién entonces, construye. Eso es un gemelo digital: una copia virtual de algo real que permite experimentar sin cometer errores en el mundo verdadero. La NASA lo usó para monitorear naves. Las automotrices para diseñar autos. Hoy los Estados lo quieren aplicar a ciudades, redes eléctricas y, en el caso más controvertido del año, a las personas mismas.
Los casos

Singapur construyó desde 2014 una réplica digital de toda su geografía: edificios, calles, cañerías subterráneas. Los planificadores prueban dónde construir un parque sin tapar el sol de las casas vecinas, o cómo reacciona el drenaje ante una tormenta antes de que llueva. Nadie preguntó la dirección de nadie. El gemelo replica la ciudad, no a los ciudadanos. Ese detalle es la clave de todo.
Rotterdam, ciudad parcialmente bajo el nivel del mar, simula inundaciones antes de construir nuevas barreras. Decisiones más baratas, menos errores, menos casas anegadas. El límite: cuando los investigadores preguntaron si los vecinos podían cambiar lo que el sistema decidía, la respuesta fue no. La tecnología sirve; la democracia, a medias.
Estonia es el modelo que nadie imita pero todos deberían. Cada organismo del Estado —salud, impuestos, educación, pensiones— guarda sus propios datos por separado. Ninguna agencia tiene el cuadro completo. El ciudadano puede ver en tiempo real quién consultó su información y para qué. Ahorra el equivalente a 804 años de trabajo burocrático por año, sin una sola brecha de seguridad en 25 años. Es exactamente lo opuesto a centralizar todo en un mismo lugar.
La Unión Europea financia desde 2022 un gemelo digital de todo el planeta —Destination Earth, 1.300 millones de euros— para predecir el clima con precisión inédita. El propio inventor del concepto, el profesor Michael Grieves, dudó públicamente: “No veo que eso sea posible en este milenio.” Los resultados son parciales por ahora.
Argentina anunció en mayo de 2026 el “Gemelo Digital Social”: una base unificada con datos de ANSES, RENAPER, salud y educación para simular el impacto de políticas sociales. Sin detalles técnicos públicos, sin marco legal previo. La semana anterior, el fundador de Palantir —empresa que vende exactamente ese tipo de sistemas a la CIA, el FBI y agencias de defensa— había visitado al presidente Milei. El gobierno no confirmó ni desmintió un contrato. Ya existe una acción judicial de hábeas data colectivo y varios pedidos de informes parlamentarios. La contradicción es difícil de ignorar: el gobierno que prometió “sacar al Estado de la vida de los argentinos” propone la mayor centralización de datos personales de la historia del país.
Los riesgos aparecen cuando la lógica se invierte. Un ciudadano puede borrar su cuenta de una red social; no puede desuscribirse del Estado. Cuando se centraliza identidad, salud, finanzas y movimientos en un solo lugar, quien gobierna acumula un poder sobre la vida privada sin precedente. Si el modelo aprende con datos históricos que reflejan desigualdades, las amplificará: una IA que decide quién recibe un subsidio puede ser más injusta que un burócrata y más difícil de recurrir ante un juez. Y si ese sistema lo opera una empresa extranjera con contratos en agencias de inteligencia, el Estado cede soberanía real.
La diferencia que importa
La diferencia entre Estonia y lo que se discute en Argentina no es ideológica. Es arquitectónica: uno mantiene los datos separados, auditables y bajo control de sus dueños; el otro los junta todos en un lugar opaco. Esa diferencia es la que separa un Estado que sirve mejor a sus ciudadanos de uno que los controla mejor.
El Estado tiene derecho a modernizarse. Lo que no tiene derecho es a hacerlo sin explicar qué datos toma, quién los opera y quién los audita. Esas preguntas no son obstruccionismo tecnológico. Son las preguntas básicas de cualquier democracia.
(*) Politóloga / Especialista en Gestión y Comunicación política -UCC
Fuentes consultadas: Chequeado, El Economista, DataJudicial, OECD Observatory of Public Sector Innovation, Eurocities, Nortal, CEPS, Global Society, FairPlanet, Infobae, El Cronista, ScienceDirect, MDPI Remote Sensing.


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