(Buenos Aires; SN) El Senado de la Nación sesiona este jueves con una agenda cargada de temas impulsados por el Gobierno nacional y acordados con sectores de la oposición. Entre los proyectos más relevantes figura la denominada Ley de Propiedad Privada, una iniciativa que propone eliminar restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y establecer mecanismos más rápidos para desalojar inmuebles usurpados.
La propuesta, elaborada por el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger, llega al recinto tras sufrir modificaciones durante su tratamiento legislativo. Entre los cambios más importantes se encuentra la eliminación de artículos vinculados a la ley de barrios populares y la reformulación de aspectos relacionados con la extranjerización de tierras, las expropiaciones, los desalojos y el manejo del fuego.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la eliminación de los límites vigentes para la adquisición de tierras rurales por parte de personas o empresas extranjeras. La iniciativa establece que las provincias deberán autorizar estas operaciones cuando no intervenga un Estado extranjero. Al mismo tiempo, prohíbe la compra de tierras por parte de gobiernos extranjeros, empresas controladas por estos o fondos fiduciarios integrados mayoritariamente con recursos estatales de otros países.
En materia de desalojos, el texto contempla procedimientos abreviados para casos de usurpación. Para conflictos vinculados a contratos de alquiler, se mantiene la obligación de intimar previamente al inquilino por un plazo de diez días. En caso de incumplimiento, el propietario podrá iniciar una acción judicial que deberá tramitarse por la vía más rápida prevista por la legislación vigente.
El proyecto también introduce cambios en el régimen de expropiaciones. La declaración de utilidad pública deberá ser interpretada de manera restrictiva y el Estado tendrá que justificar expresamente las razones que motivan esa decisión. Además, se fija un límite del 30% para las indemnizaciones por lucro cesante.
Respecto al manejo del fuego, la iniciativa deroga la prohibición que impedía durante 30 años modificar el uso de determinadas superficies rurales afectadas por incendios. En el caso de los bosques nativos, se mantiene la prohibición de cambiar el destino de las tierras quemadas, aunque se elimina el plazo de 60 años que establecía la normativa vigente.
Otro de los temas que debatirá la Cámara alta es el proyecto que autoriza al Gobierno a cerrar acuerdos por 171 millones de dólares con dos grupos de acreedores internacionales. Según el oficialismo, la medida busca evitar nuevos litigios contra activos argentinos, incluidas las acciones de YPF.
La iniciativa contempla pagos por 67 millones de dólares al fondo Bainbridge Ltd. y por 104 millones al grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP. El Poder Ejecutivo sostiene que la aprobación de la ley es necesaria para concretar los acuerdos antes del 30 de junio.
Además, el Senado tiene previsto tratar más de 50 pliegos para cubrir cargos de jueces, fiscales y defensores, junto con proyectos para la creación de nuevas cámaras federales en Mar del Plata y Tucumán.
