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(Alta Gracia; SN) La Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional presentó una denuncia penal por presunta malversación de fondos públicos y vaciamiento de la Dirección Nacional de Vialidad. La acusación alcanza a funcionarios del Gobierno nacional y autoridades del organismo, a quienes señalan por el presunto desvío de recursos que, por ley, deben destinarse a infraestructura vial.
La denuncia quedó radicada en el Juzgado Federal N°7 y apunta contra el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y autoridades de Vialidad Nacional.
En diálogo con Siempre Radio, Juan Pablo Peñalosa, integrante de Vialidad Nacional, sostuvo que la presentación judicial busca denunciar “la malversación de fondos públicos y el vaciamiento de Vialidad Nacional”.
“Se denuncia el desvío de fondos y la retención de fondos específicos. No nos olvidemos que el impuesto a los combustibles está regido por la ley 23.966 y el 28% de lo que se recauda debería ir a infraestructura de transporte para la red vial federal”, explicó.
Según indicó, durante 2024 y 2025 esos recursos “habrían sido retenidos y desviados hacia el Tesoro Nacional con otros fines”. De acuerdo con la estimación del sector gremial, serían “alrededor de 400 mil millones de pesos” que no se habrían destinado al mantenimiento vial.
La denuncia sostiene que el deterioro de las rutas nacionales se agravó por la falta de inversión y mantenimiento. En ese sentido, Peñalosa remarcó que “el 70% aproximadamente de la red está en un estado regular a malo”.
“No podemos decir que las rutas empezaron a romperse en 2023, pero técnicamente sabemos que si no se destinan recursos para mantenimiento y conservación, el deterioro se acelera drásticamente”, afirmó.
Los documentos presentados ante la Justicia también señalan presuntas irregularidades administrativas vinculadas al manejo presupuestario y pagos internos dentro del organismo.
Además, desde el gremio denunciaron un proceso de “hostigamiento laboral y persecución sindical” y alertaron por la pérdida de personal técnico especializado.
“En Córdoba perdimos alrededor de 35 técnicos y profesionales que se llevan toda la experiencia y el conocimiento de más de 15 años en la institución”, aseguró Peñalosa.
El dirigente vinculó esa situación con el intento del Gobierno nacional de avanzar en un esquema de concesiones viales y peajes.
“Van hacia un sistema donde cada 100 kilómetros vamos a tener un peaje, un costo de transporte cada vez más caro y que deja afuera a una parte de la sociedad”, cuestionó.
La presentación judicial solicita medidas de prueba, informes presupuestarios y pericias contables para determinar el destino de los fondos cuestionados y posibles responsabilidades penales.
