(Buenos Aires; SN).- El relato oficial de que "se terminó la pauta" vuelve a chocar con los hechos. Mientras el Gobierno nacional insiste en que eliminó la publicidad oficial, YPF -empresa controlada mayoritariamente por el Estado- destinó $128.000 millones a publicidad durante el electoral año 2025, un 31% más que el año anterior, y se niega a informar a qué medios, agencias y plataformas fueron destinados esos fondos.
La discusión acaba de dar un nuevo paso judicial. La organización periodística Chequeado presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para que la petrolera entregue esa información, luego de dos fallos adversos en la Justicia Contencioso Administrativa Federal. A la iniciativa se sumará Editorial Perfil, que solicitará intervenir en la causa como amicus curiae, apoyándose en el antecedente judicial que obligó a Aerolíneas Argentinas a transparentar el reparto de su publicidad oficial.
La causa pone en discusión uno de los aspectos más sensibles de la comunicación gubernamental: el manejo de una de las mayores cajas publicitarias del Estado argentino, cuyos destinos permanecen ocultos pese a tratarse de una empresa con mayoría accionaria estatal.
Desde el inicio de su gestión, el presidente Javier Milei y sus funcionarios sostienen que eliminaron la pauta oficial. Sin embargo, la medida alcanzó únicamente a la Administración Central y no a organismos descentralizados ni empresas públicas o con participación estatal mayoritaria.
En ese contexto, YPF pasó a ocupar un lugar central dentro del mercado publicitario argentino.
De acuerdo con datos citados por Perfil, el investigador del Conicet y especialista en industrias culturales Agustín Espada señaló que la petrolera invirtió $128.000 millones en publicidad durante 2025, una cifra superior a la destinada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ($125.866 millones), la Provincia de Buenos Aires ($86.644 millones) e incluso más del doble de la inversión del Banco Nación ($54.754 millones).
Según Espada, se trata de "una caja muy opaca y difícil de auditar", ya que ningún gobierno transparentó históricamente el destino de esos recursos.
La controversia comenzó en septiembre de 2024, cuando Chequeado solicitó conocer el detalle de la pauta distribuida por YPF desde diciembre de 2023, incluyendo medios de comunicación, agencias, plataformas digitales y redes sociales.
La empresa rechazó el pedido alegando que, por cotizar en Bolsa como sociedad anónima abierta, no estaba alcanzada por las obligaciones previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública.
Sin embargo, la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) consideró insuficientes esos argumentos y recordó que YPF figura expresamente entre los sujetos obligados por la Ley 27.275 debido a que el Estado conserva la mayoría accionaria.
Pese a esa resolución, la empresa mantuvo su negativa. La Justicia avaló inicialmente esa posición y ahora será la Corte Suprema la que podría fijar un criterio definitivo sobre el alcance de la transparencia en las empresas de mayoría estatal.
Chequeado sostiene que la negativa de YPF impide conocer el destino de recursos públicos que inciden directamente sobre el sistema de medios y el debate democrático.
Editorial Perfil anunció que pedirá intervenir como amicus curiae si la Corte acepta tratar el caso.
El grupo periodístico recuerda que ya obtuvo un fallo favorable contra Aerolíneas Argentinas, empresa que terminó entregando el detalle de su pauta publicitaria y actualmente publica esa información en su sitio oficial.
Para Perfil, la resolución que adopte el máximo tribunal podría convertirse en un precedente para todas las empresas estatales o con participación mayoritaria del Estado.
La investigación publicada por Perfil también señala la relevancia política del área que administra la publicidad de YPF.
Actualmente, el vicepresidente de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marketing de la petrolera es Guillermo Garat, socio del asesor presidencial Santiago Caputo en la consultora Move Group.
Además, el recientemente designado secretario de Comunicación y Prensa de la Nación, Fabián Fernández, se desempeñaba hasta hace pocos días bajo la órbita de Garat como director de Medios, Prensa y Alianzas Estratégicas de YPF.
Para Espada, esa continuidad evidencia la importancia estratégica que la petrolera tiene dentro del esquema comunicacional del oficialismo.
El debate sobre la publicidad estatal también fue impulsado recientemente por la diputada nacional Marcela Pagano, una de las dirigentes surgidas de La Libertad Avanza y hoy enfrentada con el oficialismo.
Como informó Sumario Noticias, la legisladora cuestionó el discurso gubernamental y sostuvo que "no se coman el verso de que se acabó la pauta", al afirmar que los recursos publicitarios continúan existiendo pero se distribuyen mediante empresas públicas y organismos descentralizados.
Pagano denunció además que la publicidad oficial "se reparte entre quienes defienden y militan al Gobierno", cuestionando la falta de transparencia en la asignación de esos fondos y reclamando que se conozcan los criterios con los que se distribuye el dinero.
Más allá del resultado judicial, el expediente plantea un interrogante que excede a YPF: si una empresa controlada mayoritariamente por el Estado puede invocar su forma societaria para evitar rendir cuentas sobre el uso de recursos que, en definitiva, pertenecen a los ciudadanos.
Si la Corte acepta revisar el caso, no solo decidirá sobre el acceso a la pauta de la petrolera. También fijará un precedente sobre los límites de la transparencia estatal en una de las áreas históricamente más sensibles para la relación entre el poder político y los medios de comunicación.
