Salvadora Onrubia
(Buenos Aires; SN, con información de Letra P, Página/12, Perfil y La Nación).- El Gobierno nacional encontró una manera bastante novedosa de responder a la crisis que atraviesa el sistema científico argentino: poner al frente del área a una funcionaria cuyo currículum empezó a generar más interrogantes que certezas apenas fue designada.
Adriana Baravalle asumió como secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología en reemplazo de Darío Genua, desplazado a fines de julio luego de diferencias con el jefe de Gabinete, Diego Santilli. El nombramiento fue formalizado mediante el Decreto 730/2026 y la presentación oficial la describió como especialista en inteligencia artificial, ciencia de datos y ciberseguridad.
Hasta ahí, nada demasiado extraño. En un Gobierno fascinado con la inteligencia artificial, las tecnologías exponenciales y cualquier expresión que permita agregar la palabra “innovación” mientras se achica el sistema científico, el perfil parecía hecho a medida.
El inconveniente apareció cuando algunos comenzaron a leer la letra chica.
El Gobierno presentó a Baravalle como doctora en Inteligencia Artificial. Sin embargo, según reconstruyó Letra P, la ficha académica de la Universidad Austral —institución donde desarrolla buena parte de su carrera— la identifica como magíster en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento, doctoranda en Ingeniería y analista de Sistemas por la Universidad de la Defensa Nacional. En esa ficha no aparecía el supuesto doctorado en IA.
En LinkedIn, en cambio, Baravalle se presentaba como “PhD in Artificial Intelligence”, aunque sin identificar allí la institución que había otorgado el título. La información oficial difundida a la prensa terminó aportando el nombre: American Andragogy University, con domicilio en Honolulu, Hawái.
Y allí el currículum dejó de ser currículum y empezó a parecer argumento para una serie.
Resulta ser que esa institución no está acreditada por una agencia reconocida por el Departamento de Educación de Estados Unidos y fue demandada en 2009 por el Estado de Hawái. El proceso terminó con una prohibición permanente y una multa. Además, hubo cuestionamientos sobre títulos expedidos por esa casa de estudios en Panamá y Colombia. Ninguna de esas investigaciones involucró personalmente a Baravalle.
Hay otro pequeño detalle, de esos que suelen arruinar una presentación impecable: entre los programas académicos que ofrecía la universidad no figuraba específicamente un doctorado en Inteligencia Artificial. El más cercano era un Doctorado en Ciencias de la Computación.
La inteligencia será artificial. Las preguntas, por ahora, son bastante reales.
El segundo ruido llegó desde la propia comunidad científica.
Página/12 informó que el nombramiento provocó cuestionamientos entre investigadores debido a la escasa producción académica atribuida a la nueva secretaria. El medio recogió críticas que señalaban que Baravalle contaba con una sola publicación registrada y sin citas académicas.
El contraste no es menor porque la funcionaria quedó al frente de un área que mantiene bajo su órbita organismos como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el Banco Nacional de Datos Genéticos.
Baravalle sí posee una extensa trayectoria docente y profesional. Está vinculada desde hace décadas con la Universidad Austral, donde se desempeña como profesora e investigadora, dirige el Laboratorio de Tecnologías Exponenciales y trabaja en áreas relacionadas con inteligencia artificial, ciberseguridad, ciencia de datos y tecnologías emergentes. También participó en proyectos de consultoría y en iniciativas vinculadas con IA y criptografía poscuántica.
Es decir: experiencia tiene. Lo que quedó bajo discusión es otra cosa: si los pergaminos utilizados para presentarla corresponden exactamente con los antecedentes académicos comprobables.
Una sutileza. Sobre todo cuando se va a administrar la política científica de un país.
La polémica tampoco ocurre en un laboratorio aislado.
Baravalle desembarcó en la Secretaría mientras el sistema científico atraviesa recortes, pérdida de personal y protestas. Letra P señaló que 374 becarios posdoctorales del Conicet quedaron recientemente sin renovación y que organizaciones del sector realizaron movilizaciones contra el ajuste.
El Gobierno sostiene que la nueva conducción buscará profundizar la transformación tecnológica del Estado, promover nuevas tecnologías y articular al sector público con empresas, universidades y el ecosistema científico.
Todo muy siglo XXI.
Mientras tanto, el Conicet pierde investigadores, el presupuesto científico queda bajo presión y la discusión pública sobre la flamante responsable del área gira alrededor de un doctorado controvertido, una producción científica cuestionada y un currículum que parece haber necesitado algunas actualizaciones justo cuando su propietaria llegó al Estado.
Quizás sea la primera aplicación práctica de inteligencia artificial de la nueva gestión: hacer que los antecedentes profesionales también puedan regenerarse según el prompt.
