(Especial para Sumario Noticias).- Hay noticias que parecen escritas para ser recordadas. Tienen nombres propios, fotos, allanamientos, audios filtrados, patrimonios difíciles de explicar y una pregunta que cualquiera puede responder desde el primer minuto: "¿Nos estaban robando?". Movilizan una de las emociones políticas más poderosas: la indignación.
Las políticas públicas, en cambio, casi nunca tienen esa suerte. No hay héroes ni villanos evidentes. No caben en un zócalo de televisión. Obligan a leer estadísticas, comparar series históricas, entender presupuestos, distinguir entre efectos de corto y largo plazo. Exigen algo que la indignación no necesita: tiempo
Hace más de cincuenta años, Maxwell McCombs y Donald Shaw describieron este fenómeno bajo el nombre de agenda setting: los medios no determinan qué pensamos, pero sí contribuyen decisivamente a establecer sobre qué pensamos. Robert Entman completó esa idea con el concepto de framing: además de elegir los temas, también se elige el modo de contarlos. Una denuncia de corrupción tiene todos los elementos de una historia que cualquier audiencia puede seguir. Una reforma previsional o un cambio en la matriz energética rara vez los tiene.
Durante el gobierno de Carlos Menem, la venta ilegal de armas ocupó durante meses el centro de la agenda. Debía hacerlo: era uno de los casos institucionales más graves de la democracia. Mientras tanto, casi en silencio comparativo, avanzaban las privatizaciones, la reforma previsional y el crecimiento del endeudamiento externo. Años después seguiríamos recordando los nombres de los imputados. Mucho menos las condiciones concretas en que se habían vendido activos estratégicos del Estado.
Llegó el gobierno de Fernando de la Rúa y la discusión giró alrededor de las presuntas coimas en el Senado. Mientras seguíamos cada declaración judicial, el Blindaje, el Megacanje y el programa de Déficit Cero modificaban las condiciones económicas que terminarían desembocando en la crisis de 2001.
Durante el gobierno de Néstor Kirchner, el caso Skanska inauguró la serie de grandes causas de corrupción del kirchnerismo. Al mismo tiempo se redefinía la relación con el Fondo Monetario Internacional, se cancelaba la deuda con el organismo y cambiaba el rol económico del Estado. La discusión política fue mucho más intensa sobre el expediente que sobre los indicadores con los que esas decisiones podían evaluarse.
Durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, la muerte del fiscal Alberto Nisman y la causa por el Memorándum con Irán dominaron durante meses la conversación pública. Mientras tanto, el país negociaba acuerdos internacionales de infraestructura, modificaba su política energética y atravesaba transformaciones económicas cuyos resultados todavía hoy siguen siendo objeto de debate.
En el gobierno de Mauricio Macri ocurrió algo parecido. La causa Cuadernos monopolizó la agenda mientras Argentina negociaba el mayor préstamo de la historia del Fondo Monetario Internacional, aumentaba significativamente su endeudamiento y cambiaba el régimen monetario. El expediente ocupaba las portadas; las consecuencias de esas decisiones se medirían durante años.
Durante la gestión de Alberto Fernández, la causa Vialidad se convirtió en uno de los ejes permanentes de la discusión política. En paralelo se renegociaba la deuda con el FMI, se diseñaba la salida económica de la pandemia y la inflación alcanzaba niveles que condicionaron toda la administración.
Ahora el caso Adorni vuelve a concentrar buena parte de la conversación nacional. Es correcto que así ocurra. Si existió un delito, corresponde investigarlo y juzgarlo. Pero mientras seguimos ese expediente, el Gobierno también toma decisiones económicas, regulatorias, fiscales, institucionales y de política exterior cuyos efectos probablemente sobrevivan durante décadas al resultado de cualquier causa judicial.
Quizá el error sea creer que la corrupción es la mejor manera de medir un gobierno.
No lo es.
Es apenas una de las formas de medir la idoneidad del representante o funcionario y su integridad moral, individual.
En lo que respecta al objetivo del mandato que se le otorga a un gobierno, que afecta a todos los ciudadanos en dimensiones sideralmente más significativas, bien podriamos con la misma intensidad, evaluarlo. Cada ministerio tiene un tablero de control.
El Ministerio de Economía no se evalúa por la cantidad de denuncias que recibe su titular. Se evalúa por inflación, crecimiento, empleo, salario real, inversión, productividad, pobreza, deuda y equilibrio fiscal.
Educación no se mide por los discursos de su ministro sino por alfabetización, comprensión lectora, permanencia escolar, terminalidad y aprendizajes.
Salud debería juzgarse por mortalidad infantil, esperanza de vida, vacunación, acceso efectivo y calidad de atención.
Seguridad, por homicidios, robos, esclarecimiento de delitos y reincidencia.
Infraestructura, por obras terminadas, acceso a servicios básicos y logística.
Ciencia, por inversión en I+D, publicaciones, patentes y transferencia tecnológica.
Relaciones Exteriores, por comercio, inversiones, inserción internacional y capacidad de defender intereses nacionales.
Tal vez la pregunta más importante que podemos hacerle a un gobierno no sea si alguno de sus funcionarios terminó imputado.
Esa respuesta llegará, tarde o temprano, desde un tribunal.
La pregunta verdaderamente democrática es otra.
¿Cumplió aquello para lo que fue elegido?
Porque un expediente judicial describe la conducta de una persona.
Una política pública modifica la vida de millones.
La corrupción merece todo el escrutinio que recibe.
Quizá haya llegado el momento de exigir el mismo nivel de atención para los resultados.
(*) Politóloga / Especialista en Gestión y Comunicación política -UCC
