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(Alta Gracia; SN) – La morosidad de las familias argentinas alcanzó el nivel más alto en más de dos décadas y abrió otro negocio alrededor de la crisis: estudios jurídicos compran a los bancos carteras de créditos impagos por una mínima parte de su valor y luego intentan cobrarles a los deudores.
El economista y docente de la Universidad Nacional de Córdoba Eduardo González Olguín describió este mecanismo durante su columna en Siempre Radio 93.3. Según explicó, algunas firmas adquieren las deudas por montos equivalentes al cuatro por ciento de su valor original.
“Supongamos que el banco tiene una mora de 100 pesos. Vienen los estudios jurídicos y compran esa mora por cuatro. Después ven qué le pueden sacar al pobre moroso”, señaló.
González Olguín comparó el funcionamiento de estas empresas con el de los fondos buitre. También mencionó la existencia de denuncias por presiones y métodos intimidatorios utilizados durante los intentos de cobro.
La compra de una cartera impaga no elimina la deuda ni constituye por sí misma una actividad ilegal. Sin embargo, las gestiones de cobranza deben respetar el derecho de los consumidores a recibir información clara y un trato digno. Las amenazas, el hostigamiento o la utilización de comunicaciones con apariencia de reclamo judicial pueden ser denunciadas.
El último Informe sobre Bancos del Banco Central registró que el 12,8 por ciento de los créditos otorgados a las familias se encontraba en situación irregular durante mayo.
El indicador aumentó 0,7 puntos porcentuales en un mes y 8,3 puntos en comparación con mayo de 2025, cuando la mora familiar era del 4,5 por ciento.
El mayor nivel de incumplimiento se concentró en los préstamos personales, con una irregularidad del 15,9 por ciento. En las tarjetas de crédito alcanzó el 13,1 por ciento, mientras que en los préstamos prendarios llegó al 7,7.
“Algo ha pasado, porque no es que a las familias les guste endeudarse y caer en la mora”, planteó González Olguín.
El economista rechazó la respuesta del Gobierno, cuyos funcionarios sostienen que cada persona debe responsabilizarse por las deudas asumidas. Para el especialista, esa explicación omite las condiciones económicas bajo las cuales los hogares recurrieron al crédito.
González Olguín recordó que, durante 2024, Javier Milei y Luis Caputo aseguraron que la reactivación económica llegaría mediante la expansión del financiamiento.
En ese período, la reducción de las tasas alentó la solicitud de préstamos personales, el uso de tarjetas y la financiación de inversiones. Muchas familias recurrieron al crédito para sostener su consumo ante la caída del poder adquisitivo.
“Como el crédito era barato, mucha gente le creyó al Gobierno. Se endeudó para consumir o para invertir”, afirmó.
El escenario cambió con la posterior suba de las tasas y el estancamiento de la actividad. Las cuotas aumentaron mientras los ingresos familiares continuaron limitados.
“El Gobierno tenía una política de bajar la tasa de interés y después los dejó en banda. Esas personas cayeron en una dificultad terrible y ahora no pueden pagar”, sostuvo.
La carga mensual de las deudas ya representa cerca de una cuarta parte de la masa salarial formal. El problema se agravó especialmente entre quienes tomaron préstamos personales o utilizaron tarjetas para cubrir gastos cotidianos.
Cuando una deuda acumula atrasos y el banco considera que será difícil recuperarla, puede venderla a otra empresa por un valor muy inferior al monto reclamado.
La entidad obtiene una pequeña parte del dinero sin continuar ocupándose del cobro. El comprador, por su parte, obtiene ganancias si logra recuperar una suma superior a la que pagó por esa cartera.
De acuerdo con González Olguín, algunos estudios jurídicos están pagando apenas cuatro pesos por cada 100 reclamados. A partir de esa diferencia construyen su margen de ganancia.
El deudor, sin embargo, puede continuar recibiendo reclamos por el monto completo, con intereses y gastos adicionales. En algunos casos denunciados, las comunicaciones incluyen llamados reiterados, mensajes intimidatorios o advertencias sobre consecuencias judiciales que todavía no existen.
“Son una versión local de los fondos buitre. Compran la mora por muy poco y después aprietan para ver cuánto pueden sacar”, resumió el economista.
González Olguín cuestionó que el Gobierno presente el aumento de la morosidad como un asunto exclusivamente privado. El endeudamiento creció durante una política oficial que promovió el crédito como herramienta para recuperar el consumo y la inversión.
El economista mencionó una iniciativa impulsada por el abogado Rodríguez Villafañe para que el Estado intervenga frente al deterioro de la capacidad de pago de los hogares.
“Si el Gobierno permanentemente les da subsidios a los sectores más poderosos, ¿por qué no puede asistir a las familias que están en una situación de vulnerabilidad?”, preguntó.
Mientras esa discusión permanece abierta, el atraso en los pagos continúa creciendo. Para los bancos, las deudas incobrables pueden venderse. Para los estudios que las compran, representan una oportunidad de negocio. Para las familias, significan cuotas impagables, llamados constantes y una presión que comienza cuando los ingresos ya no alcanzan.
