Milei habló de 30 mil terroristas expulsados, pero los datos oficiales lo desmienten

El Presidente presentó como una operación antiterrorista miles de rechazos migratorios que, en su mayoría, respondieron a documentación incompleta o incumplimientos administrativos. La oposición exige explicaciones y advierte que el discurso busca justificar mayores facultades para la SIDE y las Fuerzas Armadas.
Política29 de septiembre de 2026SNSN

(SN).- Javier Milei aseguró que su Gobierno expulsó del país a “30 mil terroristas” durante los últimos dos años. Sin embargo, la afirmación no encuentra respaldo en los registros oficiales: los datos disponibles muestran una cantidad mucho menor de expulsiones y miles de rechazos en frontera que no estuvieron relacionados con actividades terroristas.

Durante una entrevista televisiva, el Presidente sostuvo que fueron expulsadas 10 mil personas en 2025 y otras 20 mil durante 2026. Según afirmó, se trataba de extranjeros que ingresaban a la Argentina para “dinamitar el modelo argentino”.

La declaración provocó pedidos de informes en el Congreso y abrió un interrogante central: si el Gobierno detectó semejante cantidad de integrantes de organizaciones terroristas, ¿por qué no existen causas judiciales, operativos ni comunicaciones oficiales que documenten una acción de esa magnitud?

Expulsiones no es lo mismo que rechazos fronterizos

La cifra oficial que más se aproxima a los números mencionados por Milei surge de los registros del Ministerio de Seguridad correspondientes a 2026. Durante ese período se contabilizaron 744 expulsiones y 18.947 “incidentes de entrada”.

Pero esos incidentes no corresponden a personas expulsadas del país ni mucho menos a terroristas. Se trata, principalmente, de viajeros a quienes se les impidió ingresar por incumplimientos migratorios, falta de documentación, impedimentos judiciales o presentación de documentos falsos.

Una expulsión implica retirar del territorio nacional a una persona que ya se encontraba en el país. Una inadmisión o rechazo, en cambio, ocurre en la frontera cuando Migraciones determina que alguien no cumple con los requisitos de ingreso.

La mayor parte de los casos registrados respondió a la categoría de “falso turista”, infracciones migratorias, documentación incompleta o alertas administrativas. Ningún informe oficial difundido hasta el momento identifica a esas personas como integrantes de organizaciones terroristas.

Los datos de la Comisión Argentina para Personas Refugiadas y Migrantes también se encuentran muy lejos de lo expresado por el Presidente: registraron 920 expulsiones durante 2025 y otras 470 en el primer semestre de 2026.

Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales informó que entre mayo de 2025 y mayo de este año se ordenaron 5.216 expulsiones, aunque solamente 1.098 llegaron a concretarse. Tampoco en esos registros aparecen casos relacionados con terrorismo.

La SIDE había negado una amenaza concreta

Las declaraciones de Milei también contrastan con lo informado por las propias autoridades de inteligencia ante el Congreso.

Durante una presentación ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, la conducción de la SIDE sostuvo que no existían amenazas terroristas concretas ni grupos de extrema izquierda operando en la Argentina.

Ante esta contradicción, legisladores opositores presentaron pedidos de informes para que el Ejecutivo detalle quiénes fueron las personas expulsadas, qué organismos las identificaron como terroristas y si existieron investigaciones judiciales.

Los diputados Agustín Rossi, Ramiro Gutiérrez y Rodolfo Tailhade reclamaron explicaciones ante la Bicameral de Inteligencia. Maximiliano Ferraro y Esteban Paulón también solicitaron al Ministerio de Seguridad y a la Dirección Nacional de Migraciones que exhiban la documentación que respalda las palabras presidenciales.

Una afirmación en medio del debate por mayores facultades

La controversia se produce mientras el Congreso comienza a discutir el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional impulsado por el Ejecutivo.

La iniciativa crea nuevas estructuras de coordinación entre las Fuerzas Armadas, los organismos de seguridad y la inteligencia estatal. También busca darle rango legal al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento, conocido como RePET.

El Gobierno sostiene que la reforma permitirá responder ante amenazas contra el territorio nacional, la infraestructura crítica y los espacios marítimos y aéreos. La oposición y organismos de derechos humanos, en cambio, advierten sobre definiciones demasiado amplias, la incorporación de personas por sospechas y el eventual avance de tareas militares o de inteligencia sobre asuntos internos.

Para esos sectores, la presentación de miles de migrantes como terroristas construye un escenario de amenaza que puede funcionar como respaldo político para ampliar las facultades de organismos que operan bajo secreto.

Hasta ahora, el Gobierno no presentó una lista, causas judiciales ni informes de inteligencia que permitan sostener que la Argentina expulsó a 30 mil terroristas. Los registros conocidos solo muestran expulsiones migratorias y rechazos fronterizos que el Presidente reunió bajo una acusación mucho más grave, pero todavía sin pruebas públicas.

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