(Buenos Aires; SN, con información de NA) Un tratado de inversiones firmado entre Argentina y Reino Unido durante la presidencia de Carlos Menem quedó nuevamente bajo discusión, en medio de las últimas medidas adoptadas por el Gobierno nacional en torno a la cuestión Malvinas.
El secretario de Malvinas de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, reclamó al Congreso de la Nación la derogación de la Ley 24.184, que aprobó el Convenio entre Argentina y Reino Unido para la Promoción y Protección de Inversiones.
El acuerdo fue firmado en Londres el 11 de diciembre de 1990 y aprobado por el Congreso argentino en noviembre de 1992. Es decir, nació durante el proceso de recomposición de las relaciones diplomáticas entre ambos países posterior a la Guerra de Malvinas y permanece vigente más de tres décadas después.
Para Dachary, mantener ese régimen constituye un “error geopolítico”, debido a que Argentina continúa concediendo garantías específicas a inversiones británicas mientras mantiene con Londres una disputa de soberanía por las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
“Una medida fundamental para nuestra política exterior sería derogar la Ley 24.184”, sostuvo el funcionario fueguino, quien dirigió públicamente su planteo tanto al Senado como a la Cámara de Diputados.
El convenio establece un marco de protección recíproca para las inversiones realizadas por ciudadanos y empresas de ambos países.
Entre otras disposiciones, determina que ninguna de las partes puede brindar a las inversiones provenientes del otro Estado un trato menos favorable que el otorgado a sus propios inversores o a los procedentes de terceros países.
También garantiza la libre transferencia de ganancias y capitales, establece protecciones frente a expropiaciones sin compensación y contempla mecanismos para resolver controversias relacionadas con las inversiones.
El punto cuestionado desde Tierra del Fuego es esencialmente político: si el Reino Unido ocupa un territorio cuya soberanía reclama Argentina y autoriza allí actividades económicas que Buenos Aires considera ilegales, ¿corresponde mantener simultáneamente un régimen especial de protección para el capital británico?
El interrogante recupera una discusión que atraviesa la relación bilateral desde el restablecimiento de los vínculos diplomáticos.
El tratado fue firmado durante la presidencia de Menem, en el contexto de la normalización de las relaciones con Londres iniciada mediante los Acuerdos de Madrid I y II, celebrados entre 1989 y 1990.
Aquella política buscó recomponer los vínculos diplomáticos, económicos y comerciales quebrados por la guerra de 1982, sin que Argentina abandonara formalmente su reclamo de soberanía.
Más de tres décadas después, el planteo de Dachary apunta precisamente contra una de las consecuencias económicas de ese proceso: las garantías concedidas recíprocamente a las inversiones.
Sin embargo, una eventual derogación de la ley o denuncia del convenio tampoco terminaría inmediatamente con todas sus consecuencias. El propio tratado establece que las inversiones efectuadas mientras permaneció vigente conservarán sus protecciones durante otros 15 años.
La iniciativa fueguina aparece en momentos en que el Gobierno de Javier Milei modificó el tono de su política respecto de Malvinas y adoptó medidas destinadas a reforzar el reclamo argentino.
El Presidente anunció un incremento de recursos para Defensa destinado a avanzar con la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, mientras el Ejecutivo endureció las sanciones contra compañías que desarrollen actividades en las islas sin autorización argentina.
El Gobierno también anunció una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con tareas de exploración y explotación de hidrocarburos por presuntas infracciones a la Ley 26.659.
Parte de la controversia está relacionada con Sea Lion, el proyecto petrolero que avanza en aguas circundantes a Malvinas bajo licencias otorgadas por las autoridades británicas de las islas. Argentina desconoce esas autorizaciones por considerar que se trata de actividades realizadas sobre recursos naturales pertenecientes a un territorio cuya soberanía permanece en disputa.
El reclamo de Tierra del Fuego agrega ahora otro componente al debate. Ya no se trata solamente de sancionar a las compañías que operan directamente en Malvinas, sino de revisar el entramado jurídico construido durante la década de 1990 para regular las relaciones económicas con Reino Unido.
La eventual derogación de la Ley 24.184 dependerá del Congreso. Pero su regreso a la discusión pública expone una cuestión más amplia: hasta dónde puede avanzar una política de endurecimiento frente a Londres sin revisar, al mismo tiempo, los acuerdos económicos heredados del proceso de normalización posterior a la guerra de 1982.
