Jorge Conalbi Anzorena
(Alta Gracia; SN). Pablo Ortiz podría regresar en los próximos días a su banca en el Concejo Deliberante de Alta Gracia. El concejal, actualmente en uso de licencia desde el principio de su mandato, ocupa también la Vicepresidencia en Cormecor, el ente conformado por 40 municipios y comunas que llevan sus residuos sólidos urbanos a la ciudad de Córdoba.
El edil -que desde mediados de junio atraviesa actuaciones judiciales originadas en denuncias por violencia de género- anunció este viernes que analiza poner fin a su apartamiento y retomar sus funciones legislativas durante septiembre, al tiempo que denunció ser víctima de una operación política y cuestionó duramente a un medio de comunicación.
La posibilidad fue planteada por el propio Ortiz al final de un extenso comunicado de prensa en el que rechazó la publicación en redes sociales difundida el jueves por un medio del Valle de Paravachasca. Allí se informó -sin mencionarlo por su nombre- sobre un supuesto allanamiento "realizado aproximadamente una semana atrás en el local comercial de un concejal de Alta Gracia en uso de licencia, en el marco de un procedimiento de una fuerza especializada en investigaciones vinculadas al narcotráfico".
En el momento de producirse ese posteo, SN intentó chequear la existencia del procedimiento, ya que no se recibió parte de prensa de la Fuerza Policial Antinarcotráfico al respecto. Las fuentes consultadas por este medio no han confirmado ni negado esa información al momento de cerrar este artículo.
Aunque la publicación no identificó al edil, las referencias permitían asociarla con Ortiz, quien salió públicamente a desmentirla.
“No existió ningún allanamiento, operativo antinarcóticos ni procedimiento de esa naturaleza vinculado a mi persona, a mi local comercial ni a Donatello Taller de Carrocería S.R.L.”, afirmó el concejal.
Doblando la apuesta política, Ortiz fue más allá de responder a esa información y anticipó que podría regresar al cuerpo legislativo, una decisión que modificaría el escenario actual del Concejo Deliberante, y Alma Mondaini deberá dejar el legislativo local.
“Me encuentro analizando el cese de dicha licencia para retornar activamente a mis funciones en el Concejo Deliberante de la ciudad de Alta Gracia en los próximos días de septiembre”, anunció Ortiz en el último párrafo del comunicado.
Por ahora se trata de una posibilidad planteada por el propio concejal y no de un regreso formalmente concretado. Sin embargo, es la primera señal pública de que Ortiz considera poner fin a la licencia que tomó casi desde el inicio de su mandato.
Meses atrás, Ortiz fue denunciado en dos oportunidades por su expareja por hechos de violencia de género. Las actuaciones quedaron radicadas en la Fiscalía a cargo de Alejandro Peralta Ottonello.
Hasta el momento, de acuerdo con la información disponible para esta nota, Ortiz no fue imputado en esas causas.
También trascendió que, con anterioridad a las denuncias presentadas contra el concejal, habría existido una denuncia realizada por el propio Ortiz contra su expareja.
El nuevo episodio comenzó el jueves, cuando un medio de comunicación difundió una placa bajo el título: “Sobre llovido, mojado: un operativo antinarcóticos puso nuevamente bajo la lupa al concejal investigado por violencia de género”.
En el texto que acompañó la publicación se sostuvo que el local comercial del edil había sido allanado aproximadamente una semana antes “en el marco de un operativo de una fuerza policial especializada en investigaciones vinculadas al narcotráfico”.
El mismo medio aclaró que no contaba con información oficial que vinculara ese supuesto procedimiento con las causas por violencia de género y señaló que, según fuentes cercanas a la investigación citadas en la publicación, se trataría de cuestiones diferentes.
Ortiz negó directamente la premisa sobre la cual se construyó esa información. Según su versión, no hubo allanamiento ni procedimiento de esas características en su comercio.
El concejal atribuyó la publicación a una maniobra destinada a perjudicarlo. “La información difundida no solo es completamente falsa, sino que forma parte de una clara operación política que busca distorsionar los hechos y generar una asociación dañosa con situaciones delictivas que jamás ocurrieron”, sostuvo.
Ortiz aseguró además que no considera el episodio como “un simple error periodístico”, sino como parte de lo que calificó como una “campaña sistemática de difamación y persecución”.
En ese sentido, afirmó que desde hace tiempo observa “una secuencia de publicaciones, insinuaciones y relatos parciales” orientados —según su interpretación— a exponerlo públicamente y afectar su imagen “personal, familiar, laboral e institucional”.
El edil también reclamó que las cuestiones judiciales sean dirimidas exclusivamente en los tribunales y aseguró haber cumplido con las medidas dispuestas en las causas que lo involucran.
“Que la Justicia investigue lo que deba investigar, pero bajo el respeto absoluto de las garantías constitucionales, sin intromisiones políticas, sin tergiversaciones y sin utilizar el proceso judicial como un arma de persecución pública”, expresó.
Ante las publicaciones malintencionadas que han circulado recientemente en redes sociales y medios digitales, resulta imperioso aclarar de manera categórica que no existió ningún allanamiento, operativo antinarcóticos ni procedimiento de esa naturaleza vinculado a mi persona, a mi local comercial ni a Donatello Taller de Carrocería S.R.L.
La información difundida no solo es completamente falsa, sino que forma parte de una clara operación política que busca distorsionar los hechos y generar una asociación dañosa con situaciones delictivas que jamás ocurrieron.
No estamos ante un simple error periodístico; nos encontramos frente a una campaña sistemática de difamación y persecución que utiliza la mentira como herramienta para instalar sospechas infundadas, afectar mi honor como dirigente y alimentar una condena social anticipada.
Desde hace tiempo se evidencia una secuencia de publicaciones, insinuaciones y relatos parciales financiados y orientados a exponerme públicamente.
El objetivo es evidente: perjudicar mi imagen personal, familiar, laboral e institucional, trasladando a los medios de comunicación y a las plataformas digitales una discusión que debe resolverse única y exclusivamente en el ámbito judicial.
La Justicia y las instituciones democráticas no pueden ser reemplazadas por el linchamiento en redes sociales, títulos sugestivos ni operaciones de escarnio público. Usar el aparato comunicacional para presionar, condicionar o buscar rédito político constituye una práctica de enorme gravedad institucional que degrada la convivencia democrática. Acusar no es informar; instrumentar delitos inexistentes no es ejercer la libertad de prensa.
Siempre he permanecido a derecho, he cumplido estrictamente con cada una de las medidas dispuestas y he canalizado cada planteo por las vías legales correspondientes. El reclamo es claro: que la Justicia investigue lo que deba investigar, pero bajo el respeto absoluto de las garantías constitucionales, sin intromisiones políticas, sin tergiversaciones y sin utilizar el proceso judicial como un arma de persecución pública.Por todo lo expuesto, rechazo de manera firme toda publicación que me vincule falsamente con hechos delictivos inexistentes y se exige el cese inmediato de estas maniobras de hostigamiento mediático-político.
La verdad se defiende en los tribunales con pruebas y derecho, no mediante condenas públicas fabricadas.
Finalmente, se informa a la comunidad que, ante la total falsedad de las acusaciones y con la tranquilidad de haber actuado siempre de cara a la sociedad, yo, como concejal en uso de licencia, me encuentro analizando el cese de dicha licencia para retornar activamente a mis funciones en el Concejo Deliberante de la ciudad de Alta Gracia en los próximos días de septiembre.
