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(Alta Gracia; SN).- El Senado dio media sanción a la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental impulsada por el Gobierno de Javier Milei. La iniciativa fue aprobada por 42 votos contra 21 y ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados.
El proyecto amplía los criterios para disponer internaciones involuntarias, permite que, ante una emergencia, sean indicadas inicialmente por un solo médico y traslada nuevas responsabilidades a las provincias. Aunque el texto mantiene formalmente la prohibición de crear manicomios, organizaciones, profesionales y referentes del sector advierten que recupera una lógica centrada en el encierro.
La reforma recibió el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques provinciales. El rechazo quedó concentrado en el Justicialismo, Convicción Federal y otros sectores opositores.
A diferencia de lo planteado por el oficialismo, la legislación vigente no impide internar a una persona sin su consentimiento. La Ley 26.657 contempla esa posibilidad como un recurso terapéutico excepcional, cuando no existen alternativas ambulatorias y se verifica un riesgo cierto e inminente para la persona o para terceros.
Actualmente, esa decisión debe estar respaldada por dos profesionales de disciplinas diferentes, uno de los cuales debe ser psicólogo o médico psiquiatra. Además, la internación tiene que ser comunicada rápidamente a la Justicia y al Órgano de Revisión.
La reforma aprobada por el Senado reemplaza el criterio de “riesgo cierto e inminente” por el de “riesgo grave de daño” y permite que, en una emergencia, la internación sea dispuesta inicialmente por un solo médico, preferentemente psiquiatra.
El cambio amplía el margen de decisión médica durante las primeras horas y reduce las garantías interdisciplinarias exigidas para limitar la libertad de una persona.
El oficialismo presentó la reforma bajo la consigna de “llegar a tiempo”. La presidenta de la Comisión de Salud, Ivana Arrascatea, sostuvo que la ley vigente resultó insuficiente y que el sistema necesita nuevas herramientas para intervenir antes de que ocurra una tragedia.
Sin embargo, desde distintos sectores cuestionaron que el Gobierno busque resolver con internaciones aquello que el Estado no garantiza mediante prevención, acompañamiento territorial, equipos interdisciplinarios y dispositivos comunitarios.
La discusión recupera una tensión histórica. El paradigma manicomial, consolidado durante el siglo XIX, entendía el aislamiento como la principal respuesta frente al padecimiento mental. La Ley 26.657, sancionada en 2010, intentó modificar esa mirada y colocar en el centro la atención comunitaria, los derechos de los pacientes y las alternativas menos restrictivas.
Por eso, aunque la reforma no restablece formalmente los manicomios, sus críticos consideran que vuelve a colocar el encierro por encima de la construcción de una red de atención integral.
Durante el debate, el senador Guillermo Andrada cuestionó que se responsabilice a la legislación vigente por los problemas del sistema.
“La Ley de Salud Mental fracasó por sus principios? No, fracasó por lo que no hay: recursos que deben ser aplicados a esa ley”, sostuvo.
En la misma línea, Gerardo Zamora advirtió que la reforma incorpora nuevas obligaciones para las provincias sin garantizar el financiamiento necesario para cumplirlas.
El proyecto establece un mecanismo de cooperación económica entre la Nación y las jurisdicciones y señala que los recursos deberán contemplarse en el Presupuesto Nacional. Sin embargo, no define partidas concretas ni asegura fondos automáticos para fortalecer hospitales generales, equipos interdisciplinarios y dispositivos comunitarios.
El riesgo señalado por las organizaciones es que, sin recursos para sostener tratamientos ambulatorios, casas asistidas, centros de día y acompañamientos territoriales, la internación termine convirtiéndose en la respuesta más rápida y frecuente.
La iniciativa también amplía el abordaje de las adicciones e incorpora expresamente a la ludopatía como una problemática de salud mental.
Además, establece que niños, niñas y adolescentes deberán ser atendidos por equipos con formación específica y permanecer en espacios separados de las personas adultas cuando resulte necesaria una internación.
El texto mantiene la prohibición de crear nuevos manicomios e instituciones monovalentes. Sin embargo, la permanencia de esa cláusula no despeja el principal cuestionamiento: el posible desplazamiento de un modelo comunitario hacia otro basado nuevamente en la medicalización y el encierro.
La reforma ahora pasará a Diputados. Allí se definirá si el Congreso termina de consolidar este cambio de paradigma o si incorpora nuevas garantías antes de convertirlo en ley.
