(Alta Gracia; SN).- Mientras 238 intendentes y jefes comunales de Córdoba reclaman al Gobierno de Javier Milei que detenga el recorte del Programa Remediar, el intendente de Alta Gracia, Jorge De Napoli, reveló que la ciudad lleva cuatro meses sin recibir medicamentos de la Nación. La situación obliga al municipio a destinar recursos propios para sostener la atención sanitaria y garantizar la provisión de medicamentos a quienes concurren a los centros de salud.
La delegación de intendentes y jefes comunales cordobeses será recibida en la Cámara de Diputados por Carolina Basualdo, quien hasta diciembre de 2025 se desempeñó como intendenta de Despeñaderos y actualmente preside la Comisión de Asuntos Municipales. La legisladora nacional de Provincias Unidas conoce de primera mano las dificultades presupuestarias que enfrentan los gobiernos locales para sostener los servicios sanitarios. El encuentro llevará al Congreso un reclamo que también tiene fuerte presencia en el departamento Santa María, donde 18 autoridades municipales y comunales suscribieron la petición contra el recorte del Programa Remediar.
La denuncia forma parte de un reclamo provincial que llega al Congreso Nacional, donde los intendentes también plantean la deuda que mantiene el PAMI por prestaciones realizadas a sus afiliados.
Los números que acompañan la petición permiten dimensionar el problema. Entre enero y septiembre de 2026, Córdoba recibió un 47% menos de botiquines y un 47,5% menos de tratamientos del Programa Remediar respecto del mismo período de 2025. En términos concretos, son 610.291 tratamientos menos distribuidos en los centros de atención primaria de la provincia.
Además, según advierte el documento firmado por las autoridades locales, el nuevo recorte anunciado por Nación implicaría que el 95% de los medicamentos dejarían de llegar.
El intendente de Alta Gracia cargó sobre las consecuencias del ajuste sobre los servicios sanitarios municipales: "Acá hay una responsabilidad que no se puede trasladar a los municipios. Los 238 intendentes y jefes comunales de Córdoba hicimos un planteo concreto al Gobierno Nacional porque estamos hablando de medicamentos para nuestros vecinos, no de una discusión política", afirmó.
Al precisar el alcance de la reducción de los envíos nacionales y su impacto sobre Alta Gracia, De Napoli puntualizó: "Hasta septiembre, la Provincia había recibido un 47% menos de medicamentos y en Alta Gracia llevamos cuatro meses sin recibir absolutamente nada. Mientras tanto, los municipios seguimos poniendo recursos propios para que nuestros centros de salud funcionen y para que la gente encuentre una respuesta cuando la necesita".
El jefe municipal también reclamó una distribución de responsabilidades que permita sostener el funcionamiento del sistema sanitario: "Nosotros hacemos nuestra parte, la Provincia hace la suya y necesitamos que Nación haga lo mismo. Los municipios no podemos seguir absorbiendo indefinidamente responsabilidades que corresponden al Gobierno Nacional. Cuando faltan medicamentos, el problema no lo tiene un intendente: lo tiene el vecino que llega al centro de salud y los necesita".
Finalmente, insistió en la necesidad de restablecer los envíos: "Por eso el planteo de los 238 intendentes y jefes comunales es muy claro: que Nación regularice la provisión y cumpla con la parte que le corresponde".
El documento presentado por los intendentes incluye las adhesiones de 18 autoridades del departamento Santa María, entre ellas las de Alta Gracia, Despeñaderos, Malagueño, Villa San Isidro, La Serranita, Villa Los Aromos, Dique Chico y Valle de Anisacate.
También figuran Monte Ralo, Villa del Prado, Toledo, La Rancherita, San Clemente, La Paisanita, Los Cedros, Lozada, Villa Ciudad de América y Falda del Carmen.
La amplitud territorial del reclamo refleja la preocupación de los gobiernos locales por el impacto de los recortes nacionales sobre los servicios de salud, particularmente en las localidades donde los dispensarios municipales constituyen la principal puerta de acceso al sistema sanitario.
La petición, titulada Detener el recorte de Remediar, recuerda que el programa fue creado en 2002 para garantizar el acceso gratuito a medicamentos esenciales a quienes dependen del sistema público de salud.
El documento plantea cuatro exigencias concretas: garantizar la continuidad del programa, restituir una cobertura amplia de medicamentos, asegurar entregas regulares y previsibles, y convocar a provincias y municipios a una instancia de diálogo y coordinación.
"El acceso a los medicamentos no puede depender de la capacidad de pago de cada persona ni del presupuesto disponible en el municipio donde vive", advierten los firmantes.
También señalan que los gobiernos locales y provinciales no pueden convertirse en el mecanismo permanente de compensación de los recortes nacionales.
El reclamo sanitario se suma a la deuda que mantiene el PAMI con municipios cordobeses por las prestaciones médicas realizadas a sus afiliados.
Los intendentes vienen denunciando demoras superiores a 13 meses en el pago de servicios convenidos. En abril, un conjunto de municipios estimaba que las obligaciones pendientes alcanzaban entre 9.000 y 10.000 millones de pesos.
La falta de pago afecta las finanzas municipales, que deben afrontar simultáneamente el funcionamiento de hospitales, dispensarios, ambulancias y servicios de emergencia.
La combinación de prestaciones impagas y reducción de medicamentos incrementa la presión sobre los presupuestos locales, en un contexto de mayores demandas sobre el sistema público de salud.
