(Anisacate; SN).- La intendenta Natalia Contini profundizó su embestida contra la Cooperativa de Servicios Públicos de Anisacate mediante un proyecto de ordenanza que abre el camino para desplazar a la entidad de la distribución eléctrica, facilitar el ingreso de nuevos operadores de internet y avanzar sobre la infraestructura y el patrimonio cooperativo, incluso mediante eventuales expropiaciones.
Por su parte, la Cooperativa advirtió que el proyecto podría terminar poniendo en peligro el servicio que reciben miles de usuarios en Anisacate: "El proyecto deja planteada una discusión de fondo que el municipio deberá explicar: por qué considera necesario avanzar con un instrumento de semejante alcance y cuáles serían las consecuencias reales para los usuarios, el patrimonio cooperativo y la continuidad de los servicios", sostuvo la entidad mediante un comunicado.
La iniciativa, presentada este miércoles 28 de octubre, contiene 38 artículos y propone un amplio régimen de fiscalización, control y reorganización de los servicios de electricidad y conectividad. Su alcance excede los reclamos por la calidad de las prestaciones que el municipio había utilizado hasta ahora para justificar su confrontación con la Cooperativa.
El proyecto contempla auditorías, inspecciones contables, denuncias ante organismos de control y hasta la posibilidad de solicitar judicialmente una intervención de la entidad, siempre que se cumplan los requisitos legales.
El artículo 16 es particularmente revelador: autoriza al Ejecutivo a impulsar municipalizaciones, privatizaciones, expropiaciones y otros modelos de gestión. Además, incorpora expresamente la posibilidad de solicitar el traspaso del servicio eléctrico a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC).
De esta manera, Contini intenta transformar en herramientas legislativas sus anteriores ataques a la empresa de los vecinos de Anisacate.
La Cooperativa señaló que "la autonomía municipal no otorga facultades ilimitadas. La prestación de energía eléctrica está sujeta al marco regulatorio provincial y al control del ERSeP. El municipio puede formular reclamos, promover gestiones y ejercer competencias sobre el espacio público, pero no puede decidir unilateralmente la sustitución de un concesionario provincial ni intervenir una cooperativa".
La iniciativa también avanza sobre la infraestructura utilizada para brindar servicios de telecomunicaciones.
Los artículos 12 y 13 contemplan mecanismos para facilitar el acceso de nuevos operadores a instalaciones existentes, incluyendo infraestructura privada. El texto establece que los prestadores deberán colaborar con la incorporación de competidores y advierte que una negativa podría considerarse falta grave.
Esta disposición abre un frente sobre postes, ductos, tendidos y otras instalaciones que sostienen los servicios de electricidad e internet.
El proyecto también crea la figura de los fiscalizadores municipales, designados por el Ejecutivo, y propone desarrollar una Red Abierta Municipal de Conectividad que podría ser administrada directamente o mediante distintos esquemas de gestión.
La utilización compartida de infraestructura plantea interrogantes sobre los derechos de propiedad, las inversiones realizadas y las competencias de las autoridades regulatorias.
El artículo 23 encomienda al Ejecutivo solicitar a los organismos competentes una fiscalización integral de la Cooperativa, incluyendo la revisión de libros contables, documentación y decisiones de sus órganos sociales.
También contempla solicitar sanciones y una eventual intervención judicial, si existieran fundamentos legales. El municipio, sin embargo, no podría intervenir directamente la entidad ni sustituir a sus autoridades.
Por su parte, el artículo 24 habilita denuncias por presuntas prácticas anticompetitivas, mientras que el artículo 29 autoriza relevamientos patrimoniales, mensuras, inventarios y tasaciones destinados a preparar posibles expropiaciones.
La ordenanza no dispone todavía ninguna expropiación ni transferencia efectiva de servicios. Pero pretende construir las condiciones administrativas y jurídicas para promover esas medidas en el futuro.
La Intendenta acompañó la presentación con un video grabado frente a la sede de la Cooperativa, en el que dirigió un mensaje a sus autoridades y formuló duras acusaciones.
Contini acusó a la entidad de obstaculizar conexiones eléctricas para las bombas de agua del barrio La Marianita, instalaciones de electricidad y fibra óptica para cámaras de seguridad y obras de extensión del alumbrado público.
La mandataria describió esas situaciones como atentados contra la gestión municipal. "Cuando un prestador de servicios toma esa postura y atenta contra el Estado municipal, necesita ser regulado mediante normas claras", sostuvo, sin presentar documentación que permita establecer independientemente las responsabilidades atribuidas a la Cooperativa.
El lenguaje utilizado por Contini también revela el carácter político del enfrentamiento: presenta las controversias por conexiones y obras como acciones deliberadas contra su administración.
La nueva ofensiva aparece después de meses de embates del municipio contra la Cooperativa, particularmente por la intención oficial de transferir la distribución eléctrica a EPEC.
Durante ese proceso, la entidad cuestionó la ausencia de estudios integrales sobre los costos, las inversiones y las consecuencias operativas de un eventual traspaso.
Además, la Cooperativa reclama al municipio una deuda que, según sus representantes, oscila entre los 800 y los 1.000 millones de pesos..
Este antecedente agrega una dimensión económica al conflicto: el municipio que pretende ampliar sus facultades de fiscalización sobre la Cooperativa mantiene, al mismo tiempo, una controversia por obligaciones económicas reclamadas por esa institución.
Cualquier modificación del sistema de prestación debería contemplar también el destino de las inversiones, los bienes, los trabajadores y las deudas existentes.
"Detrás de esta discusión existen inversiones, patrimonio cooperativo, puestos de trabajo, miles de usuarios y una estructura de servicios que trasciende los límites municipales de Anisacate. Cualquier modificación de semejante magnitud exige fundamentos técnicos, respeto por la legislación vigente y garantías concretas para la comunidad", sostuvo el pronunciamiento de la Cooperativa.
La iniciativa invoca la autonomía municipal reconocida por las constituciones nacional y provincial y la Ley Orgánica Municipal 8102.
Sin embargo, esa autonomía debe ejercerse respetando las competencias de otras jurisdicciones.
La distribución eléctrica está sometida al marco regulatorio provincial y al control del ERSeP, mientras que las telecomunicaciones se encuentran alcanzadas por la legislación nacional y las competencias del ENACOM.
El municipio puede formular reclamos, promover auditorías y regular determinados aspectos del uso del espacio público. Pero no puede sustituir unilateralmente a un prestador sujeto a competencias provinciales, intervenir una cooperativa ni disponer libremente sobre bienes privados.
El propio proyecto reconoce que la municipalización, la sustitución de prestadores y las eventuales expropiaciones requieren procedimientos posteriores y decisiones específicas.
Contini anunció que el proyecto deberá atravesar un procedimiento de doble lectura en el Concejo Deliberante -donde el oficialismo cuenta con mayoría- y audiencia pública. El texto establece un plazo mínimo de 15 días entre ambas lecturas.
El debate legislativo deberá determinar el alcance efectivo de las facultades propuestas y sus consecuencias para los usuarios, los trabajadores y el patrimonio cooperativo.
La Cooperativa presta servicios e integra una infraestructura que trasciende los límites municipales de Anisacate. Por eso, cualquier modificación sustancial podría repercutir también en otras localidades de la región.
La ofensiva de Contini plantea una discusión de fondo sobre los límites del poder político municipal frente a una institución cooperativa. La gestión pretende ampliar sus instrumentos de control, abrir la competencia y mantener disponibles alternativas que incluyen el desplazamiento del prestador y eventuales expropiaciones.
