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(Buenos Aires; SN).- El Senado debate este jueves la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental impulsada por el Gobierno de Javier Milei. La iniciativa flexibiliza las condiciones para disponer internaciones involuntarias, modifica el papel de la Justicia y suma nuevas obligaciones para las provincias sin garantizar recursos federales específicos para aplicarlas.
La sesión comenzará a las 14 y tendrá como tema principal los cambios a la Ley 26.657. El oficialismo consiguió dictamen después de negociar modificaciones con la UCR, el PRO y bloques provinciales, pero el texto todavía genera cuestionamientos entre profesionales, usuarios y organizaciones vinculadas con la salud mental.
La legislación vigente ya permite internar a una persona sin su consentimiento, pero establece que debe tratarse de un recurso terapéutico excepcional, cuando no existan alternativas ambulatorias y un equipo interdisciplinario determine que existe un riesgo cierto e inminente para sí o para terceros.
Por lo tanto, la reforma no crea las internaciones involuntarias: modifica y flexibiliza los requisitos para disponerlas.
El proyecto reemplaza el criterio de “riesgo cierto e inminente” por el de “riesgo grave de daño para la vida o la integridad física” de la propia persona o de terceros.
Como regla general, la decisión deberá contar con la firma de dos profesionales de disciplinas diferentes. Uno deberá ser médico, preferentemente psiquiatra o con formación en salud mental, mientras que el segundo será preferentemente un profesional de la psicología.
En situaciones consideradas excepcionales, cuando únicamente haya un médico disponible, ese profesional podrá disponer inmediatamente la internación involuntaria.
La decisión deberá ser revalidada dentro de las 48 horas por un equipo interdisciplinario especializado. En caso de que no exista un psiquiatra disponible en el establecimiento, el proyecto autoriza su intervención mediante una teleconsulta sincrónica.
Este punto representa uno de los principales cambios respecto del sistema vigente, que exige una evaluación interdisciplinaria para determinar el riesgo.
La ley actual obliga a comunicar la internación al juez y establece que el magistrado debe autorizarla, solicitar nuevos informes o disponer la externación dentro de un plazo máximo de tres días.
Con la reforma, la internación deberá notificarse a la Justicia dentro de las 24 horas, pero el juez ya no tendrá que autorizarla. Su intervención quedará limitada a solicitar informes o dejarla sin efecto si considera que no existen motivos suficientes.
El proyecto también elimina del Código Civil y Comercial la exigencia de una sentencia judicial que apruebe la internación y determine su finalidad, duración y condiciones de revisión.
La iniciativa incorpora dispositivos comunitarios, planes de egreso, atención domiciliaria, casas de convivencia, hospitales de día y servicios destinados a la inclusión social y laboral.
También amplía el abordaje de las adicciones para incorporar trastornos del comportamiento como la ludopatía y establece que niños y adolescentes deberán ser atendidos por equipos especializados, en espacios separados de los adultos.
Sin embargo, el dictamen no incluye una cláusula que garantice fondos federales para sostener esos dispositivos. El senador misionero Carlos Arce presentó una disidencia parcial al advertir que una parte considerable de las nuevas responsabilidades recaerá sobre las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
El texto mantiene expresamente la prohibición de crear manicomios y de implementar prácticas manicomiales. También conserva el carácter excepcional de las internaciones, aunque modifica las condiciones para disponerlas y controlarlas.
El debate parlamentario se produce un día antes de la 13.ª Marcha por el Derecho a la Salud Mental en Córdoba. La movilización se realizará este viernes 30 de octubre, desde las 18, con concentración en Colón y General Paz.
Bajo la consigna “La salud mental está que arde”, usuarios, familiares, trabajadores, estudiantes y organizaciones reclamarán mayor financiamiento y la aplicación plena de las leyes nacional y provincial.
El Colectivo por el Derecho a la Salud Mental advierte que la reforma forma parte de una “ofensiva regresiva” y denuncia que, bajo un discurso de eficiencia y seguridad, se intenta reinstalar el encierro como respuesta central frente a los padecimientos mentales.
“Los problemas de la salud mental no se resuelven quitando derechos”, sostuvieron desde la organización, que reclama recursos, equipos interdisciplinarios completos y dispositivos comunitarios capaces de acompañar a las personas fuera de las instituciones de encierro.
