¡Co coró Cocó!

En las ultimas jornadas trascendió un acuerdo mediante el cual los comerciantes Santiago Expósito y Andrés Goya, junto a la Municipalidad de Alta Gracia se comprometieron a pagar la multa, costas y honorarios profesionales, consecuencia previsible desde la propia génesis de causa Restobar Cocó, en 2015. En el caso del estado municipal, el tercio que le corresponde asciende a poco menos de 900 mil pesos, que serán abonados en cinco cuotas, según el entendimiento alcanzado.

El caso se remonta al momento en que el Concejo Deliberante autorizó por vía de excepción la habilitación del restobar en el Área de Primer Orden. La controversia radicaba en la autorización como centro musical y/o bailable, no así la de restorán, para la que no existía impedimento. Un recurso de amparo interpuesto por dos vecinos impedía la apertura del local, pero sus titulares abrieron las puertas a pesar de la prohibición judicial. La Municipalidad, que debía actuar en tal caso, no lo hizo y posteriormente alegó falta de notificación fehaciente por parte de la Justicia. 

Seis años después, llegó el momento de pagar. Aunque el conflicto no llegó a la instancia final del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, justamente por el acuerdo alcanzado entre las partes. De un lado podrán cantar victoria, del otro que la sacaron barata. Lo cierto es que el sólo hecho de aceptar un acuerdo implica que no hay un ganador. ¿Qué sentido tiene acordar a la baja si se ha vencido? Por otro lado, aunque el perjuicio pueda considerarse menor... no deja de ser un perjuicio, que en el caso de la Municipalidad de Alta Gracia recae sobre el conjunto de la sociedad.

El acuerdo, para terminar de hacerse efectivo, requiere la aprobación del Tribunal de Cuentas y del Concejo Deliberante. De no producirse, en el mismo acuerdo queda claro que los abogados de los vecinos podrán ejecutar el total de la sentencia, a un costo mucho mayor. Sería de esperar que la pirotecnia política no produjera mayores perjuicios económicos al pueblo de Alta Gracia, pero...

Párrafo aparte merece una cláusula de confidencialidad incluida en el acuerdo, que expresamente les impide a las partes dar a conocer a la prensa el entendimiento. ¿Cómo puede ser confidencial un acto público realizado por la Municipalidad?

Debate pendiente

Más allá de la parafernalia de argumentos y contrargumentos judiciales que se avecinan -prometiendo en el Concejo Deliberante una temperatura muy superior a los 11° pronosticados por el servicio meteorológico para la tormentosa jornada del próximo miércoles-  el caso Cocó expuso condiciones socio políticas que merecerían un profundo debate con la participación del conjunto de la sociedad.

No fue una novedad que vecinos de esa zona acudieran a la Justicia contra un emprendimiento nocturno, de hecho, algunos de ellos ya lo habían hecho en oportunidades anteriores contra el mismísimo Encuentro Anual de Colectividades, cuando se realizaba en el predio del tajamar. Lo novedoso fue que la irrupción de las redes sociales en los últimos años permitió visibilizar el alto grado de descontento de vastos sectores -sobre todo juveniles- ante reacciones que históricamente han empujado al exilio a las actividades recreativas.

En la generación de dirigentes que gobierna la ciudad existe el profundo convencimiento que Alta Gracia cuenta con una arraigada matriz conservadora que, casi como el espasmo de un acto reflejo, catapulta el rechazo a cualquier iniciativa innovadora, o a lo que muchas veces puede confundirse como "progreso".

En el momento en que estalló el caso Cocó, el entonces intendente Facundo Torres Lima no disimuló su apoyo al emprendimiento y lo expresó vehementemente en cada ocasión que se le presentó. Y actuó en consecuencia sin mayores preocupaciones, sentía la fortaleza que le daban los altos índices de popularidad en todas las mediciones de opinión pública. En lugar de impulsar y crear condiciones para el debate social, decidió en soledad, toda una forma de concebir la política.

En los últimos años, se actualizó la discusión y la actualización del Plan de Ordenamiento Urbano Territorial (Pout) de Alta Gracia, que, entre tantas otras disposiciones, determina zonas habilitadas para diferentes actividades. Y aunque se realizaron consultas técnicas y charlas con los sectores involucrados, aquel proceso también se llevó adelante a puertas cerradas para el conjunto de la sociedad.

La convivencia ciudadana, demanda concesiones, acuerdos, consensos. Tales condiciones no se obtienen con la mera actuación legislativa de un sistema político signado por una crisis de representatividad.

Las iniciativas innovadoras, con capacidad de superar conservadurismos arraigados, anidan en concepciones y prácticas políticas inclusivas y participativas, aunque el resultado de ese ejercicio pueda resultar incierto o impredecible.