Dos dolores y un mismo sentir

Con la misma intensidad que a la pandemia, la atención del 2020, por lo menos en la provincia de Córdoba, estuvo puesta en la vulneración de los derechos humanos. En algunos casos por los protocolos -muchas veces contradictorios-que se implementaron a lo largo del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Y por el otro, debido al accionar de las fuerzas de seguridad -que si bien es independiente la pandemia- se vio muchas veces exacerbado por un contexto represivo y de mayor control. O tal vez ese fue sólo el modo de justificarlo.

Los partes policiales daban cuenta de la cantidad de detenidos por incumplir las medidas vigentes por el ASPO, pero ninguno establecía la cantidad de policías o fuerzas de seguridad sumariados por el abuso de poder. El andar de los camiones militares en las rutas desiertas de la provincia de Buenos Aires, que se dirigían a montar lo que fue el primer “hospital de campaña”, traía al imaginario colectivos memorias de aquellos tiempos nefastos de la República Argentina, donde el control y la militarización de las calles era moneda corriente. 

Nadie en Alta Gracia, ni en Córdoba o el país, olvidará el nombre de Solange Musse, o el de su padre, Pablo. La mujer enfrentaba un cáncer de mama, y se encontraba bajo un tratamiento alternativo y ambulatorio en Alta Gracia, con enfermeros, respirador y acompañamiento terapéutico. Desde que empezó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, Pablo no pudo visitarla ya que vive en la provincia de Neuquén. Todos los permisos tramitó ese padre para poder ver a su hija pero, por cuestiones burocráticas, no lo consiguió. Solange murió sin verlo el 21 de agosto. Las autoridades provinciales aseguraban que todo lo que se había hecho era para cumplir con las normas. Pero las contradicciones de la pandemia, le negaron a un padre poder despedirse de su hija. 
Diez días después, y con el fuerte antecedente del caso Solange, el Gobierno nacional autorizó el acompañamiento de familiares en estado terminal. Pero para ese padre y esa hija, ya era demasiado tarde. 

En el ojo de la tormenta
La policía y su accionar nunca había recibido tanta atención desde 2013 cuando tuvo lugar el paro policial, con una serie de protestas por parte de los efectivos provinciales en reclamos de mejoras salariales y de condiciones de trabajo, que afectó, además de Córdoba, a otras 19 provincias argentinas. Algunas de las medidas consistieron en el abandono de tareas y la toma de edificios públicos, lo que trajo aparejado una gran cantidad de saqueos, principalmente en la ciudad de Córdoba.

Los asesinatos de Valentino Blas Correas y Joaquín Paredes se convirtieron en caso emblemáticos que pusieron en el ojo de la tormenta el accionar de la Policía de la Provincia de Córdoba. 

Tras el asesinato de Joaquín Paredes, y fruto de la presión de la opinión pública y movilizaciones populares reclamando justicia por Blas Correas, el propio ministro de Seguridad de la Provincia, Alfonso Mosquera, aseguraba a los medios provinciales que ofrecía su renuncia si el gobernador Juan lo consideraba. Al mismo tiempo se puso a disposición de la Justicia "para esclarecer todo este episodio y quienes resulten responsables, asuman la responsabilidad penal que les corresponde".

A raíz de una acumulación de polémicas, críticas y protestas, la provincia de Córdoba sufrió una reestructuración en su principal organigrama por la cual el Jefe de la Policía de Córdoba, Gustavo Vélez, debió dejar su cargo para la asunción de la primera Jefa de Policía mujer en la historia policial cordobesa, la comisario general Liliana Zárate Belletti. En ese contexto, también fueron reformulados los protocolos de acción policial. Ahora, la policía cordobesa no podrá disparar contra vehículos que se den a la fuga de dichos controles, ni como método de disuasión ante sucesos de tensión. 

Según los datos brindados por la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional, desde el inicio de la pandemia, el 20 de marzo, en Argentina hubo 241 asesinatos por parte de la policía. Esto incluye muertes en manos de las fuerzas de seguridad en todas sus modalidades. La proporción indica más casos en pandemia que en los meses anteriores.  La mayoría de las muertes sucedieron dentro de cárceles o comisarías, y los que implicaron fusilamientos en la vía pública en su totalidad fueron tiros por la espalda, como en el caso de Joaquín.