Se trata de controles exhaustivos en diferentes puntos que inician en horarios de la tarde y se extienden hasta la madrugada.
Un hombre de 34 años fue detenido en el centro de Alta Gracia. Tenía pedido de captura por robo, emitido por la Fiscalía local. Fue trasladado a la comisaría.
Se implementaron controles de personas, vehículos, obras en construcción, talleres mecánicos y chacaritas, negocios de compra-venta, lugares a la reducción de cobre, bronce y metales obtenidos de forma ilegal.
Alta Gracia, Despeñaderos, Malagueño y Anisacate fueron las localidades del departamento que tuvieron controles en las calles.
Desde la Departamental informaron que se implementaron controles en talleres mecánicos y chacaritas, negocios de compra-venta, lugares a la reducción de cobre, bronce y metales obtenidos de forma ilegal, estaciones de servicio y playas de estacionamiento.
Se trató de operativos saturación realizados entre la policía y las administraciones comunales.
Los controles corresponden a la zona uno y dos del departamento Santa María, correspondiente a Alta Gracia, Villa Los Aromos, Bouwer, Lozada y Rafael García.
Estas intervenciones en territorio buscan prevenir y perseguir el delito en el marco de investigaciones judiciales.
Vecinos de la calle Juan Nieto reportaron un fuerte olor que provoca irritación nasal. Desde la Municipalidad de Alta Gracia confirmaron que no hay fumigaciones oficiales y se comprometieron a rastrear el origen del fenómeno.
El temblor, detectado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, tuvo una profundidad de 20 kilómetros y se sintió en varias localidades de la provincia. No se registraron daños materiales ni personas afectadas.
El joven conductor de 16 años intentó fugarse, esquivó a dos policías y terminó embistiendo a un trabajador de Seguridad Ciudadana. La Comuna repudió enérgicamente el episodio.
Las autoridades detallaron que es producto de los fuertes vientos. No se esperan mayores lluvias. Más de 500 brigadistas, bomberos y equipos especializados lucha contra el fuego.
Llaryora y sus ministros acusaron al juecismo de ser "socios funcionales de los delincuentes", por frenar la compra de drones para la Policía. El opositot Tribunal de Cuentas denunció un pliego "armado a medida" para una empresa.