La institucionalización -en 2006- del Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, significó en Alta Gracia mucho más que marcar un día en rojo en el almanaque. Su carácter inamovible, forzó pronunciamientos en lugares donde se prefería optar por el silencio, como las escuelas y en las municipalidades.
Podría decirse que lo propio ocurrió en todo el país, y no estaría errado. Pero el "infierno grande” guarda particularidades que las grandes urbes suelen absorber o neutralizar. Santiago y Emi D´Ambra lo vivieron en carne propia. La misma ciudad que antes les daba la espalda, le impuso el nombre de sus hijos a la calle en la que se sitúa la casa familiar que los vio crecer. Y los antiguos amigos que antes cruzaban de vereda al verlos, fueron reemplazados por nuevos compañeros en la lucha en defensa de los derechos humanos. Fueron invitados a los actos oficiales y recibieron distinciones.
No resulta anecdótico. Se trató de una reivindicación merecida y reparadora, que llevó años después a Emi D´Ambra a decir "siento que me reconcilié con Alta Gracia”.
Desde hace poco más de dos años -con la asunción de nuevas autoridades nacionales- a las públicas expresiones negacionistas se le sumaron episodios represivos que han merecido la condena de organismos internacionales, ya se trate de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) u organizaciones humanitarias, como Anmistía Internacional o Human Rights Watch.
La persistencia de la existencia de presos políticos, casos de gatillo fácil, asesinados en operativos represivos, se alterna con iniciativas institucionales en aras de la impunidad, como el intento de instalar el 2 por 1 a condenados por delitos de lesa humanidad, o el otorgamiento de prisiones domiciliarias.
La doble vara de funcionarios nacionales, que por un lado le exigen a un juez que no investigue al policía Chocobar, mientras que por el otro apelan a que "la justicia decida” si libera represores, abona un escenario propicio para la ofensiva de sectores antidemocráticos.
Este nuevo aniversario del inicio del Terrorismo de Estado en Argentina, llega con la amenaza del otorgamiento del beneficio de la prisión domiciliaria nada más ni nada menos que a Alfredo Astiz, uno de los símbolos de la Dictadura Cívico Militar. A no olvidarse, "el ángel rubio” demostró su heroísmo infiltrándose entre las Madres de Plaza de Mayo para que fuera secuestrada su primera presidenta, Azucena Villaflor, o asesinando a la adolescente sueca Dagmar Hagelim… y fue el primero en levantar la bandera de rendición, sin disparar un solo tiro, cuando debió defender las Islas Georgias, durante la Guerra de Malvinas.
No obstante, una parte significativa de la sociedad actúa como si hubiera naturalizado ese preocupante cuadro de situación descripto. Habrá que ver si efectivamente ese fenómeno se verifica o perdura en el tiempo. Así como durante muchos de los años en que gobernó la anterior administración, buena parte de la ciudadanía toleró a César Milani y las denuncias de hechos de corrupción por acordar con procesos distributivos impulsados por aquel gobierno, daría la impresión que hoy es a la otra parte de los argentinos a la que le toca tragarse el sapo del autoritarismo para alcanzar la prometida revolución de la alegría.
A pesar de ese marco adverso –o quizá justamente por eso- en Alta Gracia el espacio de defensa de los derechos humanos continúa creciendo, con escaso o nulo apoyo oficial, pero construyendo la legitimidad que invariablemente termina en la institucionalización.
No obstante, esa construcción demanda la generación de espacios de interpelación genuinos, capaces de superar la práctica de pescar en la pecera.
La proliferación de discursos contra el carácter feriado del 24 de marzo, reinstalando la teoría de los dos demonios que pone en pie de igualdad al Terrorismo de Estado con los delitos cometidos por organizaciones armadas; la reducción del debate a los puntos de raiting de los trenes fantasmas de panelistas de TV; la insensibilidad absoluta ante el dolor de millones de personas, son los obstáculos a superar en la edificación de una sociedad sin privilegios.
No podrá lograrse sin Memoria, Verdad y Justicia.
Tampoco sin una autointerpelación que permita el debate superador.
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