El Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de la ciudad de Córdoba pondrá en marcha un nuevo proceso de enjuiciamiento contra siete acusados por delitos de lesa humanidad, la mayoría expolicías de la provincia, que son acusados por crímenes cometidos entre 1978 y 1979, durante la última dictadura cívico-militar.
Derechos Humanos21 de febrero de 2024 Redacción SN
(Télam, Córdoba) El juicio oral y público comenzará a las 9.30 en la Sala de Audiencias ‘Díaz Bialet’ del edificio de Tribunales Federales, que está ubicado sobre Concepción Arenal y Wenceslao Paunero del barrio Nores Martínez, y estará a cargo del tribunal integrado por los camaristas Julián Falcucci, María Noel Costa y Fabián Asís.
En el marco de la causa denominada “Adela María González y otros”, los delitos que se juzgan son por "privación Ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados, prevaricato de los auxiliares de justicia, sustracción de un menor de 10 años y homicidio calificado".
Los hechos que se juzgan ocurrieron entre septiembre de 1978 y agosto de 1979, a 14 víctimas, de los cuales siete sobrevivieron y siete resultaron asesinadas y desaparecidas.
Este es el 14° juicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en Córdoba desde 2008 a hoy, por hechos ocurridos en el marco del ejercicio del terrorismo de Estado.
Los fiscales Facundo Trotta y Carlos Gonella tendrán a cargo las acusaciones que pesan sobre los imputados Mirta Antón, Carlos Yanicelli, Yamil Jabour, Juan Eduardo Molina, María González, Ana María Rigutto de Oliva Otero y Raúl Contreras.
Entre los querellantes se encuentra el abogado Claudio Orosz, en representación de la Secretaría de los Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.
Se trata del juicio que llevó al banquillo de los acusados a los integrantes de las tres primeras juntas militares, quienes llevaron a cabo un plan sistemático de exterminio en el marco de la dictadura cívico militar desde el 24 de marzo de 1976.
Se trata de la movilización que integran familias de víctimas de gatillo fácil, organizaciones sociales, centros de estudiantes, gremios y personas autoconvocadas, quienes denuncian la violencia estatal contra los sectores populares y los asesinatos de jóvenes en manos de la policía.
Luego de que su absolución fuera anulada por la Cámara de Casación Penal, el juez Otero Álvarez volverá a ser juzgado en un juicio clave para esclarecer el funcionamiento del aparato judicial en el plan represivo de la última dictadura cívico-militar.
Se trata de la formación online destinada a trabajadores estatales, que busca sensibilizar y concientizar sobre Derechos Humanos, a la vez que propone elaborar políticas públicas que garanticen el trato respetuoso, facilitando la igualdad en el acceso y fortaleciendo el estado de derecho.
Se trata de “La Perla Chica, espacio señalizado el año pasado y que funcionó como anexo del ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio de La Perla.
Se trata de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y su búsqueda incansable por los nietos apropiados por la dictadura. Referente de la promoción y defensa de los derechos humanos, su lucha se convirtió en el faro de todo un pueblo que ya dijo nunca más.
A raíz del pedido de un vecino por la falta de servicios en un barrio del Valle de Anisacate, el Jefe Comunal lo “invito a establecerse en otra localidad”
El vehículo había sido sustraído en Villa Los Aromos. La recuperación incluyó un importante operativo, persecución y detención del presunto delincuente.
El Legislador Departamental y Presidente Provisorio de la Unicameral encabezó una reunión con Intendentes, Jefes y Jefas Comunales, concejales, dirigentes, ex mandatarios y autoridades partidarias de Hacemos Unidos por Córdoba de las localidades del Departamento Santa María.
Se trata del cierre de la base de detención en Guantánamo, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El secretario general de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), Roberto Cristalli, explicó que solicitaron una audiencia ante la necesidad de que el personal docente "reciba el adicional de 100.000 pesos que cobrarán los demás trabajadores estatales".
