Diputados de bloques antagónicos proponen ley para transformar bienes ilícitos en herramientas sociales contra el crimen organizado. La iniciativa busca crear una Agencia para administrar y reutilizarlos. Se espera que se debata en las próximas semanas en el Congreso Nacional.
Nacionales 03 de mayo de 2024 Redacción SN
(SN; Buenos Aires) Más de 30 legisladores de distintos bloques parlamentarios, incluyendo algunos con posiciones habitualmente antagónicas, presentaron el proyecto de "Ley de administración y reutilización social de bienes". Esta iniciativa, que busca transformar los bienes ilícitos incautados por la Justicia a organizaciones delictivas en herramientas para el desarrollo social y la lucha contra el crimen organizado, resalta por la coincidencia en su apoyo por parte de sectores políticos de un lado y otro de "la grieta" los diputados Ramiro Gutiérrez (Unión por la Patria), Margarita Stolbizer (Hacemos Coalición Federal), Carlos D´Alessandro (La Libertad Avanza) y Pamela Calletti (Innovación Federal).
El acto de presentación, realizado en un auditorio colmado, reunió a más de 150 personas, entre ellas ex ministros de Justicia, jueces de todas las instancias, representantes del Ministerio Público Fiscal, asociaciones civiles y gremiales. Durante el acto, los impulsores del proyecto destacaron la importancia de la iniciativa para atacar la economía del delito y fortalecer a la sociedad civil. Señalaron que los bienes incautados a las organizaciones criminales, como propiedades, embarcaciones, aeronaves, automóviles, campos y activos financieros, representan una importante fuente de recursos que puede ser utilizada para financiar proyectos sociales, educativos, de salud y de infraestructura.
La ley propone la creación de una Agencia integrada por los tres poderes del Estado y un representante de la sociedad civil. Esta agencia se encargará de la administración y reutilización social de los bienes incautados, garantizando un proceso transparente y participativo.
La iniciativa reemplazará a la ley N° 20.785 de 1974, que no contemplaba la reutilización social de los bienes. La nueva ley busca superar las limitaciones de la normativa vigente y establecer un marco legal moderno y eficaz para la gestión de estos activos.
Los impulsores del proyecto destacaron que esta ley es una herramienta fundamental para atacar la economía del delito y fortalecer a la sociedad civil. Enfatizaron que la reutilización social de los bienes incautados permitirá generar un impacto positivo en las comunidades más vulnerables y contribuir a la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
Se espera que el proyecto de ley sea debatido en las próximas semanas en el Congreso Nacional. La aprobación de esta iniciativa representaría un paso importante en la lucha contra el crimen organizado y en el fortalecimiento de la democracia en Argentina.
Cabe destacar que la coincidencia en el apoyo al proyecto por parte de bloques habitualmente enfrentados es un hecho significativo que resalta la importancia de esta iniciativa. Este consenso político transversal demuestra la madurez del sistema democrático argentino y la capacidad de los diferentes sectores para encontrar puntos de acuerdo en torno a temas de interés público.
Además de los beneficios mencionados, la ley también podría generar un impacto económico positivo. La creación de la Agencia para la administración y reutilización social de bienes podría generar nuevos puestos de trabajo y estimular el desarrollo de empresas sociales.
En definitiva, el proyecto de "Ley de administración y reutilización social de bienes" se presenta como una herramienta fundamental para luchar contra el crimen organizado, fortalecer a la sociedad civil y promover el desarrollo social en Argentina. Se espera que su aprobación en el Congreso Nacional marque un antes y un después en la gestión de los bienes incautados a las organizaciones delictivas.
Los tres acusados llegarán a este proceso además con una condena judicial por tenencia ilegal de documentación, una causa paralela que se inició durante la instrucción del magnicidio, tras hallarse en los domicilios de los imputados DNI de otras personas, cuya tenencia no pudieron justificar.
La denuncia también apunta a un presunto abuso e autoridad por parte del mandatario correntino y alcanzó al senador Pellegrini, al exabogado de Laudelina Peña, José Fernández Codazzi, el ministro de Seguridad correntino, Alfredo Vallejos, y los comisarios generales Alberto Molina y Jorge Cristaldo.
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