(Revista Acción) La acción de Gobierno desde fines de 2023 y en este 2024 que culmina, según festejan en la Casa Rosada, llevó al «logro» de haber devuelto al sector privado, supuestamente, «un ahorro de 15 puntos del PBI que antes dilapidaba la política», lo que «ya se está traduciendo en mayores inversiones y mayor consumo».
Como ocurre de modo casi invariable, resulta imposible compatibilizar el discurso oficial con los datos estadísticos, que muestran todo lo contrario.
En materia de consumo, según lo publicado por el Indec, las ventas en Supermercados y Autoservicios Mayoristas acumularon hasta octubre descensos del 12,5% y 15%, respectivamente, frente al mismo período del año pasado. Un claro reflejo de la reducción del poder de compra de los salarios y las jubilaciones. Y nada hace pensar en una recuperación próxima.
Por otra parte, el Gobierno estableció una vez más por decreto la evolución que tendrá el Salario Mínimo Vital y Móvil durante los próximos meses: en diciembre será de $279.718, pasará a $286.711 en enero y todavía no llegará a $300.000 en marzo próximo.
Lo que se observa en la comparación interanual es una pérdida de poder adquisitivo del salario mínimo de casi el 30%. Ese deterioro se traslada a otras prestaciones sociales, como el seguro por desempleo, y a beneficios como las becas Progresar para estudiantes de bajos ingresos.
Así, cuando el Gobierno habla del «reequilibrio» de precios relativos, lo que debe entenderse es que el precio de los salarios y las jubilaciones van muy por detrás de los otros precios de la economía.
Se repite a la vez una concepción que desvirtúa la virtuosa función que posee el Estado, de proveer bienes y servicios públicos a aquellos sectores de la sociedad que no podrían acceder a ellos de otra manera y de regular la actividad privada para lograr una distribución del ingreso más equitativa.
No se trata de achicar el Estado, como propone la prédica oficialista, sino que se trata de ofrecer servicios eficientes de salud, educación, transporte público, entre otros. Una eficiencia que no se mide en términos de rentabilidad.
Véase por caso el intento de privatizar Aerolíneas Argentinas, según prevé el decreto 873/2024, dictado luego de no prosperar el proyecto enviado al Congreso. Desde la oposición se advirtió que si se dejan las rutas aéreas completamente libradas al sector privado muchos destinos desaparecerían por no ser lo suficientemente «rentables». Sin vuelos, el daño sería importante en las localidades afectadas en términos comerciales y turísticos, el Estado perdería recaudación impositiva, se limitarían las conexiones entre ciudades y caerían puestos de trabajo directos e indirectos.
Otras políticas que el oficialismo presenta como favorables para el desarrollo del país son la apertura comercial, mayor «autonomía» en el Mercosur y la firma de un tratado de «libre comercio» con Estados Unidos, curiosamente cuando el presidente electo Donald Trump adelantó que aplicará una estrategia de fuerte proteccionismo en su país.
Planteos, en síntesis, que ya experimentamos en otras gestiones neoliberales con fuertes impactos negativos en la industria nacional, el consumo y el empleo. Ya vimos esa película y conocemos su final.
Por eso, es fundamental hacer hincapié en la «batalla cultural» que se libra en la sociedad y ratificar la viabilidad de otro modelo, de verdadero desarrollo con inclusión de amplios sectores hoy postergados, entre ellos la mayor parte de las familias y las pymes.
Esa alternativa priorizaría las importaciones como insumos para procesos productivos y no las de bienes finales que reemplazan a los producidos localmente.
Se trata de mejorar la eficiencia de nuestra producción, no de eliminar los bienes de origen nacional. Un esquema que en definitiva es el que se pone en práctica en los países desarrollados y en otros de alto crecimiento en el pasado reciente.
Es imprescindible, en este sentido, una propuesta alternativa que confronte con el modelo actual, claramente perjudicial aún para amplios sectores que confiaron en las propuestas libertarias.
La política no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para transformar la sociedad positivamente. Y para ello, se requiere la unidad más amplia posible, con la presentación de una verdadera opción de cambio, que aliente una virtuosa acción del Estado en pos de mejorar el nivel de vida de la mayoría de la población, bregando por un sistema más equitativo y solidario.
(*) Diputado Nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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