Luego del anuncio de cierre del Centro Cultural por la Memoria Haroldo Conti y del despido del personal dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos, diferentes organizaciones realizaron un documento en repudio de la medida.
Derechos Humanos02 de enero de 2025 Redacción SN
(SN; Derechos Humanos) Este jueves, luego del anuncio de cierre del Centro Cultural por la Memoria Haroldo Conti, que funciona en el ex Centro Clandestino de la ESMA, junto al despido de trabajadores, diferentes organizaciones repudiaron este accionar del secretario del área, Alberto Baños.
Una de estas instituciones es la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba. “Como ya expresáramos hace pocos días, esta decisión implica el desmantelamiento de áreas estratégicas en las que, a lo largo de años se sostuvieran las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, reconocidas por su enorme valor y trascendencia en el mundo entero”, inicia el documento.
Allí alertaron sobre el “desguace” que lleva adelante el Gobierno en la ex ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, uno de los Centros Clandestinos de mayor envergadura que funcionó durante la Dictadura. “El Centro Cultural Haroldi Conti, una referencia en el campo artístico y de los derechos humanos cerró sus puertas y los trabajadores que no fueron despedidos tienen prohibido ingresar al espacio, quedando en situación de "guardias pasivas". La investigación histórica, la producción de pruebas y de información que nutren los procesos judiciales y el camino de Verdad, la tarea con testigos y victimas, el litigio como poder ejecutivo en las causas por delitos de lesa humanidad, la transmisión de la memoria, la política reparatoria en cumplimiento de la legislación nacional, quedan afectadas y en algunos casos ya no podrán realizarse”.
Por último afirmaron: “Expresamos nuestra solidaridad con todos los trabajadores y trabajadoras despedidos o sometidos a contrataciones de brutal precarización laboral, sepan que estamos para acompañarles en sus demandas, y arbitraremos todas las medidas que estén a nuestro alcance para denunciar ante los tribunales nacionales y los organismos internacionales estas políticas que derivan en graves violaciones a los derechos humanos por la que el Estado argentino, y sus responsables, deberán responder”.
Ana Inés Cabral, periodista experta en este tipo de delito federal, habló con la Agencia Noticias Argentinas sobre el desarrollo y la importancia de comunicar.
La actividad se realizó el pasado viernes 28 de marzo allí en barrio Santa Teresa, donde se reflexionó en clave de identidad e historia desde una perspectiva de género, a 49 años del último Golpe de Estado en el país.
Trabajadores del Espacio Memoria y Derechos Humanos de la ex ESMA calificaron como "pura demagogia" la desclasificación de archivos anunciada por el Gobierno y advirtieron que busca "garantizar impunidad" a los responsables de crímenes de lesa humanidad.
Internos del penal fabricaron bancos, arcos y pelotas para las canchas de fútbol en el Espacio para la Memoria Campo de La Ribera. Un gesto de reinserción y solidaridad.
Las actividades comenzaron el martes y se extienden hasta el lunes 31 de marzo, con visitas a Centros Clandestinos, conversatorios, presentación de libros y testimonios a 49 años del último Golpe de Estado en el país, que marcó la irrupción de la Dictadura Cívico-militar.
Las actividades tienen su epicentro en la ciudad de Córdoba e invitan a conmemorar un nuevo aniversario y mantener viva la memoria por el último Golpe de Estado en el país, que marcó la irrupción de la Dictadura Cívico-militar, la cual persiguió, torturó, asesinó y desapareció a más de 30 mil personas entre el 24 de marzo de 1976 hasta finales de 1983.
La ciudad celebra un nuevo aniversario de la Merced de Tierras de Paravachasca otorgada por la corona española a Juan Nieto en 1588, hecho considerado uno de los hitos fundacionales de Alta Gracia. Durante abril, habrá actos protocolares, espectáculos, exposiciones y festivales para homenajear su historia y cultura.
Fue por 128 votos a favor, 93 rechazos y siete abstenciones. Legisladores piden a funcionarios que den explicaciones en relación a la estafa millonaria que desencadenó la promoción del presidente Javier Milei. “Francos tiene que ser interpelado. No estamos pidiendo que venga la Secretaria General, pero sí los que tienen obligación de venir”, dijo el diputado Miguel Pichetto.
Pese al reclamo de trabajadores, el Gobernador tomó esta medida que contempla la oferta de servicios de internet y abre un posible financiamiento internacional.
Se trata de un sujeto de 50 años oriundo de Chaco. La Fiscalía de Alta Gracia ordenó su detención y fue trasladado a la cárcel de Bouwer.
Pamela Romero, comerciante y veterinaria de la ciudad, denunció públicamente a la desarrollista Márquez y Asociados. Asegura haber pagado la totalidad de su vivienda en Anisacate, pero la empresa solo construyó un 15% y luego abandonó la obra.
