Informe. Subsistir en Argentina: el fenómeno de la economía informal

(Fundación Colsecor) La economía informal no es novedad en el mercado laboral argentino. Es un problema crónico y en aumento, que se observa desde varios frentes. Hay un retiro -cada vez más pronunciado- del trabajo asalariado y una dinámica ascendente del cuentapropismo como forma de subsistencia, un indicador de relaciones laborales precarias, con rasgos y comportamientos similares al de los sectores informales. 

Esta agenda pública se basará en cifras y escenarios palpables del mercado laboral argentino, que dan cuenta de un marco preocupante: la informalidad no constituye un fenómeno temporal o residual. Se trata de una situación persistente y en auge en Argentina. Pero esta agenda también deja preguntas para la reflexión: ¿asistimos a un cambio de modelo en el que no sólo se tolera, sino que se impulsa la informalidad?, ¿qué implicancias tiene para los trabajadores y trabajadoras?  ¿Y para el desarrollo productivo del país? 

Vivir para trabajar (sin derechos básicos)
Según el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), los monotributistas en condiciones precarias pasaron del 21,6% al 23,8% de la masa laboral en 2024. Desde el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA), advierten que, al sumar empleos eventuales sin seguridad social y con muy baja remuneración, el desempleo efectivo no es del 7% sino del 30%. “Hay que sumarle un 23% de empleos de muy baja productividad en el sector informal”, sostiene Agustín Salvia, director del observatorio. 

El trabajo informal se refiere a actividades laborales que carecen de registro legal y, por ende, no ofrecen acceso a derechos básicos como aportes jubilatorios, cobertura de salud, licencias pagas o protección contra despidos arbitrarios. Desde la visión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), esta categoría incluye tanto a asalariados no registrados (los llamados trabajos en negro), como a trabajadores y trabajadoras independientes de bajos ingresos y calificación, los llamados cuentapropistas. Estos últimos hay que diferenciarlos de los autónomos con formación profesional, que eligieron trabajar de modo independiente. 

En ese sentido, el término más adecuado y aceptado desde organismos como la OIT es el de “economía informal”, porque hace referencia a un grupo cada vez más diverso y creciente de trabajadores y empresas que tanto en las áreas urbanas como en las rurales operan de manera informal, y se ven obligados a “inventarse” distintos medios de supervivencia.

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Es lo que el politólogo y ensayista José Nun acuñó a fines de los sesenta como “masa marginal”. Aquel concepto se adelantó a varias problemáticas estructurales de la región y refiere a esa superpoblación que el sector moderno dejó excluido del trabajo formal por su escaso dinamismo. Mucha agua pasó desde entonces, sin embargo, esos trabajadores precarios, pobres, marginados del sector formal, parecen ir ganando terreno. La pandemia puso en la superficie ese panorama: de los empleos que se recuperaron en América Latina después de la crisis global por Covid-19, entre el 60 y 80% lo hicieron en condiciones de informalidad. En Argentina, además, se suma un cambio de época, un cambio de modelo político y económico, desde fines de 2023, que precipita aún más la desprotección del trabajo decente. 

Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en los 31 principales centros urbanos del país (casi 30 millones de personas), correspondientes al cuarto trimestre de 2024, pero recientemente publicado por el Gobierno, la tasa de informalidad en el país alcanza el 42% de la población ocupada. Es decir, cuatro de cada 10 trabajadores lo hacen en negro. Este panorama afecta principalmente a jóvenes, mujeres y sectores históricamente vulnerables: quienes trabajan en el sector de la construcción, en casas particulares y en el sector manufacturero (la industria de la confección de ropa es paradigmática y profundizaremos más adelante).

Entre las cifras oficiales encontramos que el 77% de las trabajadoras de casas particulares se encuentran fuera de los registros formales. Muy de cerca, el 76,6% de los trabajadores de la construcción sufren la misma situación y el 51,9% de los ocupados en el sector comercial. Otro sector que históricamente ha tenido a muchos de sus trabajadores en negro es el campo: hoy más del 75% de los trabajadores rurales no están registrados.

Entre jóvenes menores de 29 años, la precariedad es mayor: 6 de cada 10 se encuentran en condiciones informales, según los datos del INDEC. Si se desglosan esos números, nuevamente son las mujeres jóvenes las que más padecen trabajos informales. ¿En qué sectores específicos se concentró? Similar a los datos de la población en general: comercio, construcción e industria, entre varones. En tanto entre mujeres jóvenes, comercio, la administración pública, la enseñanza y el trabajo en casas particulares.

Si nos referimos a la calidad de vida, “los impactos son notables para las personas trabajadoras”, asegura Larraitz Lexartza, especialista en instituciones de trabajo inclusivas de la OIT Argentina. Se destaca que los trabajadores informales sufren una suerte de penalidad salarial, ya que en términos generales ganan menos que los asalariados formales. Por otro lado, el trabajo en negro afecta al financiamiento y sostenibilidad de los sistemas de seguridad social. Ese circuito negativo se completa con: falta de acceso a servicios de salud, a prestaciones por enfermedad, a licencias por maternidad, o falta de protección frente a riesgos y accidentes de trabajo.  

A largo plazo, hay dos grandes consecuencias para el sector informal, según la visión de la OIT: en primer lugar, la tendencia a su exclusión respecto a las políticas y programas de educación y formación profesional, acceso al crédito y a la tecnología, lo cual dificulta la posibilidad de integrarlos a la economía formal. Por otro lado, un marcado impacto negativo en los ingresos durante la vejez, por la dificultad de acumular aportes suficientes para acceder a jubilaciones y pensiones. 

Los sindicatos también se ven perjudicados por la informalidad creciente. En un contexto donde se pierden puestos de trabajo formales, pierden afiliados a medida y, por lo tanto, poder en la defensa de los derechos laborales y en la negociación colectiva de los trabajadores asalariados.

Desde el Observatorio de la Deuda Social de la UCA coinciden con estas secuelas y formalizan esta población de cuentapropistas, por necesidad, como sector micro-informal, con escasa relación con la economía moderna globalizada, conformado por los estratos bajo y medio bajo de la sociedad. Su característica principal es el reducido nivel de productividad y retribuciones. En el mediano plazo, una consecuencia casi ineludible para el trabajador en estas condiciones es la inmovilidad ocupacional, dada la imposibilidad de acumular experiencia o desarrollar habilidades necesarias para participar del sector formal del mercado de trabajo. En el largo plazo, en la etapa de adultos mayores, es frecuente el abandono económico, la falta de una jubilación digna y la necesidad de continuar trabajando en situaciones de marginalidad social. 

Las cifras de los empleos “refugio”
Según el análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en la última década el monotributo creció un 57,9%. A enero de 2025, 2.076.476 personas lo tienen como modalidad ocupacional principal. Solo entre noviembre de 2023 y enero de 2025 se sumaron 38.714 nuevos monotributistas. Sin embargo, ese incremento no alcanza para compensar la pérdida de empleo asalariado registrado: en el mismo período se destruyeron 173.524 puestos asalariados (124.010 privados y 49.514 públicos). Mientras el discurso oficial insiste en que el sector privado absorberá los despidos estatales, las cifras muestran lo contrario: el empleo formal privado cayó un 1,9%, más que el 1,4% del público.

Por otro lado, con la Ley Bases aprobada en el Congreso, se crea una figura que habilita a un trabajador independiente a contratar hasta tres “colaboradores”, sin relación laboral formal. Para el CEPA, esto implica “institucionalizar la precariedad: ¿quién va a contratar bajo relación de dependencia pudiendo contratar monotributistas?”.

Es fundamental tener en cuenta que el fenómeno de la informalidad es muy heterogéneo y complejo en sus características y causas. Desde los estudios del trabajo se destacan tres enfoques: la perspectiva de la supervivencia aduce que el sector informal se explica como el resultado de la presión que ejerce el excedente de mano de obra sobre el empleo, ante una insuficiencia de puestos de trabajo en el sector moderno. Una segunda lógica es la de descentralización productiva, ubicando su origen en la globalización y en los cambios que ocurren en las empresas modernas, al requerir adaptarse para hacer frente a una demanda más inestable y por ello recurren a sistemas de producción que les permitan mayor flexibilidad y eficiencia. Una tercera perspectiva del origen de la informalidad es la del escape o exclusión voluntaria del marco normativo que regula a las actividades productivas formales. Más allá de esa división y desechar de entrada alguno de los tres enfoques frente a los demás, hoy se tiende a admitir que puedan coexistir distintas causas de informalidad: la percepción social como salida posible, baja productividad de unidades económicas, incertidumbre económica, estrategias de descentralización productiva, como la tercerización, desmantelamiento de los mecanismos de inspección laboral, la exclusión voluntaria del marco normativo que regula la economía formal.  

Lo que sí es seguro es que no se trata de una opción aceptable ante el desempleo, llamado “empleo refugio”. La enorme carga de precariedad y de pobreza que el trabajo informal lleva incorporada, lo vuelven una situación intolerable desde el punto de vista social, pero también desde una perspectiva puramente económica. Es un fenómeno nocivo en relación al potencial de desarrollo económico y productivo para un país, sostiene en este informe la economista y especialista en trabajo, Norma Samaniego.

¿Hacia el modelo “La Salada”?
Organismos como la OIT alertan que sin una estrategia que fomente empleo formal, se corre el riesgo de consolidar una estructura productiva regresiva, sin incentivos para mejorar la productividad ni garantizar derechos, más aún, en momentos de crisis, donde surgen refugios ante la necesidad de subsistencia de amplios sectores de la población. Un ejemplo paradigmático lo constituye el sector de confección y comercialización de ropa, como la feria “La Salada”: nacida en la década de los noventa, producto de la quiebra de los grandes establecimientos industriales textiles y la proliferación de los pequeños talles informales, es la feria más grande de Latinoamérica, ubicada en unas 20 hectáreas en el límite entre CABA y Lomas de Zamora. 

En base a un análisis de Fundar, ya para el año 2022 en Argentina el 15,4% del mercado total de ropa correspondía a shoppings, el 1.9% a supermercados y el 82,7% restante repartido en las ferias La Salada, Flores, las saladitas, locales minoristas y vendedores ambulantes. Según Gustavo Ludmer, economista e investigador de CONICET, la feria la Salada se apalancó en varias ventajas competitivas, entre ellas, su elevada evasión impositiva; la informalidad laboral y la explotación de la mano de obra. Ese escenario dificulta cualquier intento de cuantificar certeramente el empleo industrial generado allí. A falta de datos oficiales, entonces, la información de estudios etnográficos realizados desde universidades, organismos y centros de investigación permiten dar cuenta de uno de los sectores más relevante de la economía informal, sino el más voluminoso actualmente.

El estudio de Ludmer daba cuenta para 2022 de aproximadamente 8 mil puestos emplazados en La Salada, de los cuales el 90% se dedicaba a la comercialización de ropa de fabricación nacional, mientras el resto vendía prendas importadas u otros artículos, como productos de librería. Esto sin contar las llamadas “saladitas”, ferias de menor tamaño, pero características similares (se calculan, según Fundar, más de 500 en todo el país). 

En AMBA se concentra el 80% de la industria de la confección, el más informal de los eslabones de la cadena textil indumentaria; sólo allí trabajaban más de 180 mil personas, de las cuales el 70% son mujeres. El eslabón de confección de ropa de Argentina genera mucho empleo independiente. Entre 2016 y 2022, el 41% de las personas ocupadas trabajó por cuenta propia. Esta cifra, no solo casi duplica el promedio de la economía argentina (22%), sino que también ubica al sector como el de mayor nivel de cuentapropismo dentro de la industria manufacturera. Pero allí también se concentra la línea más delgada de la cadena textil: es el sector más informal (solo el 28% está en blanco), más feminizado (7 de cada diez trabajadores son mujeres), más precario y de menor ingresos. Es, además, un sector con alta tasa de inmigrantes (20%), constituyéndose como el segundo con mayor presencia extranjera de toda la economía. Son también los que se llevan la peor parte ya que el 86% de los inmigrantes de la confección están en negro, y si hablamos de mujeres la cifra escala al 90%.  

Este nivel de informalidad sucede porque una parte considerable de la confección de telas se lleva a cabo en pequeños talleres o en trabajo a domicilio, que luego venden a las grandes marcas, a mayoristas o por cuenta propia. Esta actividad es posible debido a las bajas barreras a la entrada para el trabajo de confección (es suficiente con una pequeña máquina en una habitación) y la ausencia de inspecciones en el trabajo a domicilio. Casi en su totalidad los puestos en los domicilios no están formalizados. La productividad laboral de esta forma de trabajo es reducida en comparación con las fábricas formales que utilizan diseño de procesos y equipamiento de mayor complejidad tecnológica para organizar la producción. Menor productividad redunda en menores ingresos horarios para las trabajadoras a domicilio. A ello se suman mayores costos respecto a las costureras en relación de dependencia, concluye el informe de Fundar, cuyos datos figuran en una serie publicada en este sitio.

Los riesgos y los retos
Espacios como la Feria La Salada dan cuenta de las ambivalencias que presenta el mercado laboral argentino: un lugar que permitió la subsistencia de miles de familias, durante la década de los noventa y la crisis de 2001, pero donde las condiciones laborales son extremadamente precarias. Un sector que en volumen es el máximo aportante en la industria de la ropa, muchos más que otras cadenas, pero que tiene en su circuito la llaga de la informalidad en casi todos sus eslabones, impactando sobre el mercado productivo del país, pero especialmente sobre sus trabajadores (la mayoría, mujeres). 

El reto de la política de empleo para los próximos años será inmenso: no sólo se trata de generar nuevos empleos de calidad, sino de abrir espacios para ir incorporando gradualmente a quienes hoy se ubican en la informalidad y podrían transitar hacia empleos formales. Para ello se requieren de medidas que ataquen en su seno a la informalidad; y no tomarla como una salida transitoria. Tal como se presentan las políticas públicas de estos tiempos no parece estar allí la clave para encontrar caminos certeros.

Será, nuevamente, la acción colectiva, gremial, parte de las herramientas fundamentales para la defensa de los derechos de los trabajadores. Desde la OIT reconocen que la protección y fortalecimiento del empleo formal no solo benefician a los trabajadores, sino que también contribuyen al desarrollo económico y social del país, al garantizar un mercado laboral más equitativo y sostenible.

“El resultado del trabajo y cómo se distribuye el fruto del trabajo es la política social más importante que puede tener un país. No es la única, pero es la madre de todas las políticas sociales”, afirmaba Pepe Mujica, un firme defensor del trabajo decente como motor de dignidad, cohesión y transformación social. 

En ese marco, la profunda convicción de apoyo al sector cooperativo fue materializada en Argentina aceptando la distinción de ser presidente honorario de la Fundación COLSECOR. “Los débiles no tienen otro camino que hacerse fuertes, y hacerse fuertes es juntarse. El mundo cooperativo es una forma de asegurarnos una relativa igualdad frente a lo desmesuradamente grande”, expresó Pepe, marcando siempre el camino.