(Whashington; SN) El gobierno de Donald Trump inició una verdadera persecusión contra los funciorarios judiciales que lo investigaron, despidiendo a una cantidad aún no especificada de empleados que trabajaban bajo las órdenes del Fiscal Especial Jack Smith, quien renunció a principios de enero.
Smith lideró la acusación de los dos casos federales contra el presidente: el de los papeles clasificados de Mar-a-Lago y el del intento de revertir las elecciones con el asalto al Capitolio, el 6 de enero de 2020. Los involucrados en ese asalto fueron indultados por Trump el pasado 20 de enero, pocas horas después de su asunción al frente de la presidencia para cumplir un segundo mandato.
La causa de los papeles clasificados de Mar a Lago es la investigación abierta por el FBI en 2022, descubrió que tras abandonar la presidencia en 2019, Trump había sustraído 15 cajas de documentos de la Casa Blanca y se los había llevado a su mansión de Mar a Lago. Estos documentos contenían material sujeto a la Ley de Registros Presidenciales, que exige que ciertos documentos se entreguen a los Archivos Nacionales. Trump devolvió las cajas a los Archivos Nacionales en febrero, que encontraron que incluían «información de seguridad nacional clasificada».
“Hoy, el Fiscal General Interino, James McHenry, puso fin al empleo de varios funcionarios del Departamento de Justicia que desempeñaron un papel significativo en el enjuiciamiento del presidente Trump”, dice un comunicado de un funcionario del Departamento de Justicia: “A la luz de sus acciones, el Fiscal General Interino no confía en que estos funcionarios puedan ayudar a implementar fielmente la agenda del presidente. Esta acción es coherente con la misión de poner fin a la politización del gobierno”.
