Reforzando el nudo con el FMI

(Artículo publicado originalmente en la revista Acción) «En los próximos días le pediré al Congreso que apoye al Gobierno en este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)», dijo el presidente Javier Milei en el discurso de Apertura del 143° período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional. El jueves pasado por la noche, sin embargo, un comunicado oficial de la Oficina del Presidente adelantó que lo que se enviará al Parlamento es un decreto de necesidad y urgencia (DNU) con los renovados compromisos que la Argentina debe asumir con el organismo para obtener nuevos recursos. Se trata de una violación a la ley cuya gravedad institucional tensiona la vigencia de la república.

​​​​​​​Hay que recordar que, en 2021, el Congreso sancionó la Ley 27.612, de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, cuyo artículo 2 dice: «Dispónese que todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente».

Rechazo

Ahora el Gobierno busca esquivar al Parlamento, con el argumento de que la operación no implica nuevo endeudamiento sino una «refinanciación», porque sabe que el acuerdo que se está negociando generará un fuerte rechazo.

​​​​​​​Lo cierto es que se perfila un cambio de acreedores, al sustituir deuda que tiene el Tesoro Nacional con el Banco Central, una deuda intraestatal, por compromisos con el FMI. La modificación no es menor, por varias razones.

​​​​​​​Por un lado, los títulos intransferibles del Tesoro que se canjearían tienen una tasa idéntica a la que devengan las Reservas Internacionales, que osciló por debajo del 3% anual en dólares el año pasado. El préstamo con el FMI tendría un costo del 6,5% anual (la tasa más los sobrecargos a los cuales se pagaron los intereses en febrero pasado). Es mucho más caro.

​​​​​​​Además, en el caso de la deuda intraestatal, el Tesoro puede colocar un nuevo título para pagar los intereses. Al FMI los intereses se le pagan obligatoriamente, porque si no comienzan los plazos para entrar en default. La eventual necesidad de refinanciamiento de esos compromisos, por otra parte, tendría un trámite mucho más sencillo y, obviamente, no quedaría sujeta a nuevos y mayores condicionamientos en materias fiscales, monetarias y de política económica.​​​​​​​

En resumen, pasar a deberle dólares al Fondo implica una significativa mayor vulnerabilidad para la Argentina.

​​​​​​​La historia de la deuda externa demuestra que el país cae en una encerrona con este tipo de acuerdos que terminan en una crisis.

​​​​​​​Tras la perjudicial deuda contraída por el expresidente Mauricio Macri con el FMI –originalmente sería por un monto de U$S 57.000 millones, a todas luces injustificado e imposible de pagar–, el Congreso sancionó la Ley de Sostenibilidad de la Deuda Pública.

​​​​​​​En cuanto al próximo DNU anunciado por el Gobierno, para que deje de tener vigencia se requiere el rechazo explícito de ambas Cámaras. Es decir, le basta para sostenerse la luz verde de una Cámara. En cambio, una ley que se debata en el Congreso y trate el acuerdo con el Fondo, debe contar con los votos mayoritarios en ambas Cámaras.

Desequilibrios

​​​​​​​Las avanzadas sobre las instituciones de la república van siendo una constante de este Gobierno, como la falta de tratamiento del Presupuesto nacional; el nombramiento por decreto de miembros de la Corte Suprema y, ahora, el intento de sortear la legislación para volver a endeudar a los argentinos con el FMI.

​​​​​​​Todas cuestiones que ratifican la propensión del presidente Milei de avanzar más allá de lo que la Constitución Nacional establece respecto de la división de poderes. Y cuando este equilibrio se rompe, se pone en peligro la democracia.

​​​​​​​De una vez por todas es preciso que la oposición, en sus distintas versiones, unifique el discurso y los actos. No se puede seguir haciendo discursos que critican un proyecto del Ejecutivo y después decir «pero lo votó la mayoría de la ciudadanía, entonces hay que darle la herramienta», y votar afirmativamente. El Parlamento no es una entelequia, responde a las transformaciones y expresiones de la sociedad. Por eso, tiene que haber una respuesta ciudadana que genere una composición del Congreso favorable a una alternativa política que ponga un límite al agravio a las instituciones de la democracia, y permita recuperar para el país un rumbo de crecimiento económico con inclusión social y solidaria.

(*) Carlos Heller, dirigente cooperativista y Diputado Nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.