Por decreto, el Ejecutivo nacional modificó la Ley de Financiamiento Educativo. Las provincias asumirán las negociaciones salariales y el Ministerio de Capital Humano controlará el uso de los fondos.
Economía21 de mayo de 2025 SN
(SN; Buenos Aires) En una nueva medida que profundiza el ajuste en el sistema educativo, el Gobierno nacional modificó por decreto la Ley N.º 26.075 de Financiamiento Educativo, habilitando la reasignación de fondos y retirándose de la negociación paritaria docente. A través del Decreto 341/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se otorga al Ministerio de Capital Humano la potestad de redefinir el destino del presupuesto asignado a cada jurisdicción en materia educativa.
La norma establece que si una provincia o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no cumple con los requisitos establecidos —como la presentación de proyectos educativos—, la Secretaría de Educación podrá redirigir esos recursos. Esta reasignación será supervisada por el Ministerio de Capital Humano, que asumirá un rol de control en el uso de los fondos por parte de las escuelas públicas.
Además, el Gobierno nacional se retira formalmente de la discusión paritaria, dejando la responsabilidad en manos de las provincias y el Consejo Federal de Educación. Las autoridades locales deberán negociar directamente con los gremios docentes, pero bajo una advertencia: los incrementos salariales no deberán superar el 1%.
La Ley de Financiamiento Educativo, sancionada en 2005, fijaba una meta de inversión progresiva en educación, con un piso del 6% del PBI. La decisión del Ejecutivo de modificarla se da en medio de un contexto de creciente tensión con los gobernadores por los fondos coparticipables, y en el marco del severo ajuste fiscal impulsado por la gestión de Javier Milei.
El recorte en los fondos, junto con la descentralización de la negociación salarial, podría profundizar las desigualdades entre las distintas jurisdicciones y comprometer el cumplimiento de objetivos educativos establecidos por la ley. Desde los gremios y sectores educativos ya comenzaron a surgir críticas, advirtiendo sobre el impacto de estas medidas en la calidad y equidad del sistema público de enseñanza.
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