
Río Tercero: conmoción en Petroquímica por la muerte de un jefe de Recursos Humanos
Elías Casu, responsable del área en la empresa, fue hallado sin vida en su domicilio. La situación se da en medio de despidos masivos y reclamos salariales.
Sobre el Paseo Sobremonte de Córdoba capital llega una nueva edición de esta movilización a nivel nacional que propone una merienda compartida, acompañada de intervenciones artísticas.
Provinciales27 de agosto de 2025 Redacción SN(SN; con información de La Nueva Mañana) Este miércoles se realizará en la capital provincial una nueva Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil. Se trata de la edición número 11 de esta movilización que reúne a familiares y amistades de víctimas de la violencia policial.
La cita es a las 17:30 en el Paseo de Sobremonte, frente a Tribunales I. El lema de esta marcha es: “No es un solo policía, es toda la institución”.
La propuesta de esta edición contempla una merienda compartida, acompañada de intervenciones artísticas. La organización recibe donaciones de alimentos no perecederos.
Los últimos juicios
En Córdoba, el Poder Judicial reconoce a los jóvenes y sus familiares como víctimas de “violencia institucional” y también el accionar sistemático de las fuerzas de seguridad, como la modificación de la escena del crimen para justificar el ataque fingiendo un enfrentamiento. Sin embargo, las penas se caracterizan por ser condicionales o en suspenso y no alcanzan a los altos rangos, informó LNM.
En marzo de 2023, el juicio por Isaías Luna -joven ultimado en 2020 tras cometer un robo- culminó con seis policías condenados a penas menores de tres años, sin prisión efectiva. A finales de ese mes, el juicio por Blas Correas, adolescente que recibió las balas de la policía tras evitar un control de tránsito, terminó con la reclusión perpetua de Lucas Gómez y Javier Alarcón, responsables de los disparos fatales, y nueve agentes con condenas de entre dos y cinco años de prisión. Actualmente su familia solicita el avance de una causa paralela, que indaga la responsabilidad de los funcionarios de la cartera de Seguridad, entre ellos el ex ministro Alfonso Mosquera.
En abril del mismo año, el tribunal condenó al oficial Mariano Martínez a cuatro años de prisión en suspenso, por dispararle a Damián Pérez. El ataque, ocurrido en 2014, dejó a Pérez hemipléjico y con complicaciones renales hasta marzo del 2022, cuando finalmente falleció, luego de muchos intentos de rehabilitación.
En abril de 2024, el tribunal dictó sentencia por el crimen de Rodrigo Sánchez. Dos meses después, la causa por Lucas Funes terminó con la absolución del oficial Luciano Carnero. El policía reconoció haber disparado repetidamente mientras perseguía al joven, que huía a pie, en el año 2012. Para la Justicia de Río Tercero fue en “legítima defensa”, pese a que la supuesta arma con la que Funes amenazó a los uniformados nunca apareció.
A estos casos se le suman otros que aún no llegaron a juicio. Como el crimen de Ezequiel Castro, que fue detenido en 2022 y falleció días después en el Hospital Misericordia, a donde ingresó con numerosas lesiones en el cuerpo y una deshidratación crítica. El chico de 21 años fue interceptado por la policía en la esquina de su casa y luego lo trasladaron al Centro Psico Asistencial (CPA), donde permaneció incomunicado mientras su familia lo buscaba. Unos meses después, Matías Mariño atravesó una situación similar. Pasó por una comisaría y lo derivaron al CPA. Cuando su familia pudo volver a verlo estaba en el sanatorio ubicado en barrio Güemes, con marcas de tortura y secueslas irreversibles. Actualmente Matías no puede hablar, caminar, ni comer por sus propios medios.
Elías Casu, responsable del área en la empresa, fue hallado sin vida en su domicilio. La situación se da en medio de despidos masivos y reclamos salariales.
La iniciativa plantea la integralidad y articulación de todos los componentes involucrados, la vigilancia epidemiológica, el trabajo de laboratorio, la atención de pacientes y la organización de los servicios de salud, el manejo integrado de vectores, el cuidado del ambiente y el plan de vacunación.
Se trata de Maximiliano Ochoa Roldán y otros seis imputados, quienes seguirán detenidos. La investigación arrojó que usaban recursos del Estado para fines personales, a través de extorsiones, coacciones y desalojos “exprés”.
"Ajustan y habilita negocios con fondos públicos", reclamó el colectivo a través de una conferencia de prensa que se replicó en todo el país. Personas con discapacidad, familiares y trabajadores del sector exigieron una investigación transparente de la "trama de coimas millonarias".
El gobernador Martín Llaryora participó del acto aniversario de la Cámara Argentina del Maní y propuso el “sello Maní Córdoba”.
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Emiliano Baum, de ATE CONAE, advirtió sobre la pérdida de personal y recursos en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y criticó la política del Gobierno hacia el sector científico y técnico.
La causa que investiga supuestos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad avanza; ahora se extraerán datos de los celulares de los hermanos Kovalivkrer y de otros involucrados.
La iniciativa plantea la integralidad y articulación de todos los componentes involucrados, la vigilancia epidemiológica, el trabajo de laboratorio, la atención de pacientes y la organización de los servicios de salud, el manejo integrado de vectores, el cuidado del ambiente y el plan de vacunación.
La cifra aproximada es de 13 mil millones de pesos, la cual se recaudó desde finales de 2023 a mediados de 2025 en el marco de la ley vigente, la cual asigna al Fondo de Fomento Concursable (FOMECA) para promoción de comunicación comunitaria, originaria y de frontera.