(SN; Córdoba) En una audiencia pública realizada el 22 de septiembre de 2025, el Tribunal del “Juicio Ético de Opinión ante el Genocidio por Goteo de los Mayores Adultos”, presidido por el constitucionalista Miguel Julio Rodríguez Villafañe, dictaminó que las políticas implementadas desde diciembre de 2023 por el gobierno de Javier Milei constituyen un “genocidio por goteo” contra las personas mayores.
El tribunal, integrado además por Patricia Josefina Coppola y Rubén Stiberman, se basó en pruebas y testimonios de fiscales, especialistas, médicos, economistas y representantes de jubilados. Según la acusación, las medidas económicas aplicadas, incluida la nueva fórmula de movilidad jubilatoria desde 2024, el recorte de prestaciones médicas y la degradación del sistema de salud pública, han provocado una disminución sustancial de los ingresos y un deterioro progresivo de la calidad de vida de este colectivo.
Entre los efectos documentados, se destacan la necesidad de suspender comidas diarias, la imposibilidad de acceder a medicamentos esenciales sin costearlos y la represión de manifestaciones de jubilados que reclamaban por sus derechos, quienes fueron gaseados y golpeados por fuerzas de seguridad.
Los defensores de oficio del gobierno, Mariana de Pérez Gallego y Mariana Romano, argumentaron que las medidas forman parte de un plan económico legítimo, que la situación crítica es heredada de gestiones anteriores y que las acciones represivas buscaban proteger la libre circulación. Sin embargo, el tribunal consideró insuficientes estos argumentos frente a la evidencia de daños directos y progresivos sobre la población mayor.
Los testigos coincidieron en que el estrés económico y la falta de acceso a bienes y servicios esenciales han provocado deterioro psicológico, ansiedad, depresión y aumento de la soledad, con consecuencias directas sobre la salud y la expectativa de vida de los adultos mayores. Según el gerontólogo Carlos Presman, la mortalidad en Córdoba durante 2024 aumentó un 10,9% respecto al año anterior, concentrándose en personas mayores de 65 años, cifras comparables a los picos de la pandemia de COVID-19.
El tribunal destacó que estas acciones configuran una violencia estructural sistemática, aunque no encuadren jurídicamente en el concepto penal de genocidio, dado que no existe intención explícita de exterminio. No obstante, desde el punto de vista ético y social, las políticas oficiales habrían generado un deterioro progresivo, prevenible y letal, de las vidas de los jubilados.
Asimismo, se subrayó que medidas como la eliminación de la moratoria previsional y la reducción de recursos para juicios jubilatorios refuerzan la exclusión y la precarización de quienes ya habían dedicado décadas de trabajo al país, vulnerando derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y tratados internacionales sobre personas mayores.
El tribunal concluyó que la ética y la solidaridad deberían guiar las políticas hacia la protección de los más vulnerables. Según la especialista en bioética Mónica Heinzmann, “la verdadera medida de una democracia se ve en cómo trata a quienes tienen poco o nada”. En ese marco, se instó al gobierno a reconsiderar las decisiones que afectan la vida y dignidad de los adultos mayores y a garantizar sus derechos sociales y económicos.
