(Buenos Aires; SN, con información de La Política On Line).- El abogado Julián de Diego, especializado en asesoramiento laboral empresario, es quien actualmente redacta la reforma laboral que el gobierno nacional enviará al Congreso. La figura de De Diego ocupa un lugar central en el debate debido a su vínculo con la plataforma Rappi, una de las compañías que él asesora.
El doble rol de De Diego genera señalamientos por un posible conflicto de intereses. Voceros indican que, al asesorar al Estado en la reforma y trabajar para una empresa privada, el abogado puede inducir al Estado a beneficiar a la compañía que él representa. Y no es cualquier empresa: se trata de una de las firmas de aplicaciones que mayor precarización laboral practican.
En la reforma, el gobierno busca no introducir ninguna regulación para las plataformas, manteniendo a sus trabajadores como independientes. Esto impide mejoras para los repartidores y choferes y evita el blanqueo de la relación de dependencia. "No hay obligaciones para las empresas ni mejoras para los trabajadores", resume una fuente sobre el proyecto.
Rappi, formalmente representada por el Estudio Cárrega, al igual que otras plataformas, no reconoce a sus repartidores como empleados.
Antecedentes: de la vereda de enfrente de los trabajadores
La trayectoria de De Diego incluye polémicos antecedentes en el derecho laboral argentino, hechos que afectan su reputación.
Ley de ART: De Diego fue el autor de la ley de ART. La norma busca limitar los montos de pago por accidentes para las empresas. La Corte Suprema, tiempo después, determinó que es inconstitucional establecer un tope a las indemnizaciones, lo que obliga a las empresas a cubrir con su patrimonio la diferencia.
Lobby para Empresas Eventuales: De Diego también asesora y es lobbysta de empresas de trabajo eventual como Adecco y Manpower. Esas consultoras buscan tercerizar contrataciones y ocultar el vínculo laboral de sus empleados. Otro fallo de la Corte rompe ese sistema.
