(Alta Gracia; SN) La reciente ordenanza que regula el funcionamiento de las aplicaciones de transporte privado en la ciudad, entre ellas Uber, Didi y Cabify, generó posiciones contrapuestas entre concejales y choferes. Mientras desde el oficialismo destacan que la medida busca proteger el trabajo local, representantes de los conductores manifestaron su malestar por no haber sido convocados durante la redacción de la norma.
Luis Argüello, uno de los voceros de los conductores, señaló que los trabajadores de la aplicación participaron de las reuniones iniciales, pero que desde hace cinco meses no fueron citados nuevamente. Según expresó, desde el Concejo Deliberante se les informó que no fueron incluidos en la etapa final del debate por ser considerados “trabajadores ilegales”.
En diálogo con Marcelo Paéz, durante la mañana de la Siempre Radio, el concejal oficialista Duilio Silva defendió el contenido de la ordenanza y remarcó que “regular no es prohibir”. Afirmó que el objetivo fue “dar un marco regulatorio” al transporte por plataformas digitales, sin dejar de “resguardar el sistema de transporte público y las fuentes laborales de los vecinos de la ciudad”.
Silva sostuvo que la ordenanza fue producto de un trabajo prolongado iniciado a fines del año pasado, en el que —según indicó— “se escucharon todas las voces, incluidos los usuarios, taxistas, remiseros y choferes de aplicaciones”. También aclaró que la norma “no impide el uso de las plataformas, pero sí fija condiciones para su funcionamiento”.
Entre los puntos más discutidos figuran la exigencia de que los conductores sean residentes de Alta Gracia y que los vehículos no superen los diez años de antigüedad. Para el edil, esos requisitos buscan “equiparar condiciones entre el transporte público y el privado” y “proteger el trabajo de los vecinos”.
“Es innegociable la protección del trabajo local”, enfatizó Silva, quien consideró que la nueva regulación “viene a representar el pedido de la mayoría de los vecinos” y anticipó que, como toda ordenanza, “podrá revisarse con el tiempo si se detectan aspectos a mejorar”.
Por su parte, Argüello consideró que la medida “favorece los intereses de taxistas y remiseros” y “deja afuera a trabajadores de localidades cercanas”, lo que -según su visión- “afectará la fuente de ingresos de muchos choferes”.
La ordenanza establece un plazo de 45 días para su reglamentación y otros 30 días hábiles para la apertura del registro municipal, donde deberán inscribirse los vecinos que deseen ofrecer el servicio y las empresas que operen mediante plataformas digitales.
