"No debe repetirse la larga historia de intervenciones externas en América Latina", advirtieron desde Naciones Unidas. Expertos advirtieron que Washington no tiene autoridad para cerrar el espacio aéreo venezolano y denunciaron como ejecuciones extrajudiciales los ataques contra supuestas “narcolanchas”, que el propio Congreso estadounidense intenta frenar
Internacionales06 de diciembre de 2025 Redacción SN
(SN; con información de Página/12) Los expertos de Naciones Unidas, George Katrougalos y Ben Saul, expresaron su “profunda preocupación” por el incremento de acciones hostiles de Estados Unidos contra Venezuela, al tiempo que en el Congreso estadounidense avanzan proyectos que buscan recortar las facultades del gobierno de Donald Trump para continuar con las “hostilidades” en la región. Las advertencias llegan en un contexto marcado por la creciente presencia militar estadounidense en el Caribe, y una serie de medidas de la Casa Blanca para presionar al gobierno venezolano, que enfrenta bloqueos a sus rutas marítimas y aeronáuticas bajo el pretexto de “lucha contra el narcotráfico”, y es amenazado con operaciones terrestres.
Según recordaron los especialistas de la ONU, los Estados gozan de soberanía plena y exclusiva sobre el espacio aéreo que se encuentra por encima de su territorio, un principio consagrado en el Artículo 1 del Convenio de Aviación Civil Internacional de 1944. Cualquier intento de otro país por regular, restringir o cerrar ese espacio constituye “una violación flagrante” del derecho internacional, remarcaron Katrougalos y Saul. También subrayaron que el Artículo 2 de la Carta de la ONU prohíbe expresamente “la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política” de cualquier Estado.
Una “amenaza ilegal”
La preocupación de los especialistas se inscribe en un contexto de creciente militarización de Estados Unidos en el Caribe. En los últimos tres meses, el Pentágono llevó a cabo al menos 21 ataques contra embarcaciones a las que calificó como “narcolanchas”, aunque no proporcionó pruebas, dejando un saldo de 83 personas muertas. Para Katrougalos y Saul, se trata de “ejecuciones extrajudiciales” que constituyen graves violaciones del derecho a la vida y del derecho internacional del mar. Exigieron que los responsables sean investigados y procesados por homicidio.
El detonante inmediato de sus denuncias fueron las afirmaciones del presidente estadounidense, quien aseguró días atras que el espacio aéreo de Venezuela debía considerarse “cerrado en su totalidad”, una declaración que Caracas rechazó “con absoluta contundencia”.
Para los expertos, la declaración de Trump es jurídicamente inconsistente: Estados Unidos “carece de autoridad legal” para clausurar el espacio aéreo de un país extranjero. Tales amenazas, añadieron, socavan la soberanía venezolana y pueden constituir una “amenaza ilegal de uso de la fuerza”, un principio reafirmado por la Corte Internacional de Justicia en el fallo Nicaragua vs. Estados Unidos de 1986. En ese sentido, advirtieron que las medidas unilaterales de Washington “ya están socavando gravemente la economía” venezolana.
El anuncio de Trump provocó efectos inmediatos. Este jueves, la panameña Copa Airlines se sumó a al menos seis aerolíneas internacionales que suspendieron sus vuelos hacia Caracas tras advertencias de la Administración Federal de Aviación (FAA), que describió la situación en el espacio aéreo venezolano como “potencialmente peligrosa” debido a un supuesto deterioro de la seguridad y un “incremento en la actividad militar”.
Sin embargo, el gobierno venezolano cuestionó esas afirmaciones al destacar que, el 27 de noviembre, un avión procedente de Estados Unidos aterrizó sin inconvenientes en el país. Para la vicepresidenta Delcy Rodríguez, ese hecho desmiente las alertas promovidas por Washington.
Tensión regional
En paralelo, se registraron nuevos movimientos militares en territorios cercanos. En Trinidad y Tobago, un radar de largo alcance instalado con apoyo estadounidense generó un fuerte debate regional. La primera ministra, Kamla Persad-Bissessar, afirmó que el sistema busca combatir el tráfico de petróleo venezolano sancionado así como el narcotráfico, pero sectores de la oposición y expertos en defensa alertaron sobre un posible avance hacia una “defensa activa” y el pasaje a una presencia permanente de fuerzas estadounidenses en la zona. El despliegue coincidió con ejercicios militares entre Washington y Puerto España, que con la llegada del buque USS Gravely a finales de octubre.
La instalación del radar también encendió alarmas por el potencial impacto económico de una escalada en la región. Operadores turísticos de Tobago reportaron una caída en reservas, cancelaciones de cruceros y mayor incertidumbre en plena temporada alta. “Si aumenta la acción militar entre Venezuela y Estados Unidos, nos afectará a todos en el Caribe”, advirtió Cassarina Moodie, de la Iniciativa de Resiliencia Climática Sostenible, una representante local de iniciativas de ecoturismo.
En Caracas, el clima político también se vio atravesado por la tensión. En medio de la escalada, Venezuela recibió esta semana tres vuelos de repatriación de migrantes, dos procedentes de México y uno de Estados Unidos, en el marco del plan Vuelta a la Patria, diseñado para el retorno de los desplazados en el extranjero. Según cifras oficiales, unas 18.354 personas retornaron al país en lo que va del año.
El presidente Maduro reveló además que mantuvo una conversación telefónica “cordial” con Trump, algo que la Casa Blanca también reconoció sin dar detalles. El mandatario venezolano dijo que la charla podría abrir la puerta a un diálogo “respetuoso de Estado a Estado”, aunque las acciones ordenadas por el Pentágono continúan bajo fuerte controversia. Después de la llamada, el mismo Trump defendió los ataques contra embarcaciones y dejó abierta la posibilidad de extender las operaciones a tierra firme: “Sabemos dónde están, sabemos dónde viven”, afirmó.
De acuerdo al último reporte oficial, las personas damnificadas son 1.500, 325 viviendas destruidas y más de 1.000 casas dañadas. Hasta el momento son más de 25.000 las hectáreas arrasadas por las llamas. El presidente Gabriel Boric destacó la labor en la zona, aunque alertó que, debido a las condiciones climáticas, es posible que se reactiven focos.
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