SN
(Córdoba; SN). La tensión entre el Gobierno de Córdoba y el Tribunal de Cuentas provincial escaló este miércoles luego de que la Justicia Federal ordenara el allanamiento de las oficinas del organismo de control, en el marco de la denuncia penal presentada por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, por la frustrada compra de drones destinados a seguridad ciudadana.
La medida fue dispuesta por el fiscal federal Tomás Casas, quien ordenó el secuestro de documentación y soportes digitales vinculados al proceso de licitación que implicaba una inversión cercana a los siete millones de dólares y que fue frenado por los tribunos alineados con el Frente Cívico.
Según planteó el Ejecutivo provincial, el accionar del Tribunal de Cuentas habría excedido las facultades de control preventivo de juridicidad, convirtiéndose en un obstáculo para la ejecución de políticas públicas consideradas de emergencia. En ese sentido, Quinteros busca que la Justicia determine si la resolución que impidió avanzar con la compra se ajustó a los límites legales del organismo de control.
Desde el Tribunal de Cuentas rechazaron la denuncia y cuestionaron el allanamiento. “Esto es un apriete, un avasallamiento, pero nosotros vamos a seguir actuando”, afirmó su presidente, Beltrán Corvalán, en declaraciones publicadas por Cba24n. Además, remarcó que se trata de un hecho inédito: “Es la primera vez en la historia que el Tribunal de Cuentas sufre esto”.
El conflicto, que comenzó con el freno a la licitación de drones, sumó así un nuevo capítulo judicial y profundizó el enfrentamiento institucional entre el Ejecutivo provincial y el organismo encargado del control del gasto público.
