Salvadora Onrubia
(Córdoba; SN).- La universidad pública volvió a desbordar las calles de Córdoba y del país. La cuarta Marcha Federal Universitaria no fue una protesta sectorial ni un reclamo aislado. Fue una nueva demostración de rechazo masivo a la decisión del Gobierno nacional de desfinanciar el sistema universitario, incluso después de que el Congreso aprobara la Ley de Financiamiento Universitario y ratificara esa norma frente al veto presidencial de Javier Milei.
La movilización dejó una postal contundente: estudiantes, docentes, investigadores, no docentes, rectores, sindicatos, organizaciones sociales y dirigentes políticos confluyeron detrás de una consigna común. Defender la universidad pública frente a un Gobierno que, lejos de acatar una ley sancionada democráticamente, decidió judicializarla y resistir su aplicación.
En Córdoba, las columnas avanzaron por el centro de la ciudad entre cortes y desvíos de tránsito. La convocatoria tuvo una magnitud similar a las históricas marchas universitarias de 2024 y 2025. Pero el clima fue diferente. Ya no se trató solamente de advertir sobre un posible deterioro futuro. El conflicto se instaló sobre consecuencias concretas: salarios pulverizados por la inflación, becas insuficientes, laboratorios paralizados, reducción de actividades académicas y universidades que denuncian dificultades crecientes para sostener su funcionamiento cotidiano.
El eje político de la protesta quedó claro desde el inicio. El Congreso aprobó una ley para garantizar recursos mínimos al sistema universitario nacional. El Presidente la vetó. El Parlamento insistió y ratificó la norma. Sin embargo, el Gobierno optó por desconocer el mandato democrático surgido del Poder Legislativo y buscar frenar su implementación mediante apelaciones judiciales.
Ese escenario convirtió la marcha en algo más profundo que una discusión presupuestaria. Lo que apareció en las calles fue un cuestionamiento amplio a la negativa oficial de cumplir una ley vigente. El rechazo excedió al ámbito universitario y empezó a consolidarse como un problema institucional y político.
La respuesta social también reflejó un dato incómodo para la Casa Rosada: la universidad pública conserva un respaldo transversal difícil de erosionar. Incluso sectores alejados de la militancia partidaria participaron de las movilizaciones o expresaron apoyo al reclamo. La defensa del acceso gratuito a la educación superior sigue ocupando un lugar central en la identidad social argentina.
En Córdoba, el gobernador Martín Llaryora volvió a diferenciarse de la postura nacional y respaldó públicamente la protesta. “Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el pueblo argentino desaparece”, afirmó. La frase sintetizó el tono general de la movilización: la discusión ya no gira sólo alrededor de partidas presupuestarias, sino sobre el modelo de país que pretende construirse.
La presencia de rectores y autoridades académicas también marcó una diferencia respecto de otros conflictos sectoriales. Las universidades nacionales dejaron de limitarse a reclamos administrativos y pasaron a confrontar abiertamente con la política de ajuste del Gobierno. El Consejo Interuniversitario Nacional advirtió que la situación financiera es “crítica” y que la continuidad de programas académicos y científicos empieza a verse comprometida.
Mientras tanto, desde la administración de Javier Milei persiste el discurso que presenta al sistema universitario como un espacio de privilegios, burocracia y gasto innecesario. Sin embargo, las multitudinarias marchas parecen mostrar un divorcio creciente entre esa narrativa oficial y la percepción social. Las universidades públicas siguen siendo vistas por amplios sectores como una herramienta de movilidad social, desarrollo científico y construcción democrática.
La masividad de la protesta volvió a dejar otra señal política: el conflicto universitario se transformó en uno de los principales focos de resistencia al ajuste nacional. Y cada intento del Gobierno por deslegitimar el reclamo parece ampliar todavía más el rechazo social.
La discusión ya no es únicamente cuánto dinero recibirán las universidades. Lo que empezó a ponerse en debate es si el Gobierno está dispuesto a respetar decisiones votadas por el Congreso y demandas respaldadas por una parte significativa de la sociedad.
Porque detrás de cada facultad desfinanciada, de cada docente que abandona el aula o de cada estudiante que no puede sostener sus estudios, aparece una pregunta mucho más grande: qué lugar tendrá la educación pública en la Argentina que viene.
