SN
(Alta Gracia; SN) – Comprar un analgésico junto con una gaseosa, sumar un antiácido al pedido del supermercado o recibir medicamentos mediante una plataforma digital. Ese es el escenario que podría habilitar la nueva etapa de desregulación que prepara el Gobierno de Javier Milei.
La propuesta busca ampliar la comercialización de medicamentos de venta libre fuera de las farmacias y sin la intervención directa de un profesional. Según la información conocida hasta el momento, alcanzaría inicialmente a analgésicos, antiácidos y otros productos que no requieren receta.
El argumento oficial es que una mayor cantidad de puntos de venta aumentaría la competencia, facilitaría el acceso y podría reducir los precios. Sin embargo, todavía no se publicó un proyecto definitivo que permita conocer cuáles serían los medicamentos alcanzados y qué controles deberían cumplir los comercios.
Desde el sector farmacéutico advierten que el cambio no representa únicamente una discusión comercial: también supone retirar una instancia de control sanitario en productos capaces de producir efectos adversos.
Un medicamento de venta libre es aquel que puede adquirirse sin receta porque está destinado al tratamiento de síntomas menores y cuenta con instrucciones para que el paciente pueda utilizarlo durante períodos breves.
Esa clasificación, sin embargo, no significa que pueda ser consumido por cualquier persona, combinado con otros productos o utilizado sin límites.
El paracetamol, por ejemplo, puede provocar daños graves en el hígado cuando se supera la dosis recomendada. El riesgo también aparece cuando una persona consume simultáneamente distintos remedios para el dolor, la fiebre o el resfrío que contienen el mismo principio activo sin advertirlo.
El ibuprofeno, por su parte, tiene contraindicaciones para personas con antecedentes de úlceras, enfermedades renales, hepáticas o cardíacas. También requiere precauciones en pacientes con hipertensión, personas mayores, embarazadas y quienes toman otros medicamentos.
La propia Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) advierte que la utilización inadecuada puede producir efectos adversos, anular la acción de otros tratamientos, ocultar síntomas y demorar un diagnóstico. El organismo recomienda consultar con médicos o farmacéuticos, incluso ante productos que no requieren receta.
El riesgo señalado por los profesionales no está solamente en el medicamento, sino en la ausencia de alguien que pregunte quién lo utilizará, qué síntomas presenta, qué enfermedades tiene y si ya consume otros fármacos.
“Los medicamentos no son golosinas”, sostuvo Fabián García, integrante del Colegio de Farmacéuticos de Rosario. El profesional advirtió que un producto tolerado por una persona sana puede resultar peligroso para alguien con diabetes, hipertensión u otra enfermedad crónica.
En una farmacia, el profesional también puede detectar la repetición de un principio activo, advertir sobre una contraindicación o recomendar una consulta médica cuando un dolor o una fiebre persisten.
La venta en kioscos o supermercados convertiría esa decisión sanitaria en una compra directa. La preocupación es que la mayor exhibición, disponibilidad y publicidad terminen estimulando el consumo, en lugar de garantizar un uso responsable.
A esto se suman los interrogantes sobre la conservación de los productos, el control de vencimientos, la trazabilidad de los lotes y el retiro rápido de medicamentos cuando existe una alerta sanitaria.
La iniciativa no parte desde cero. El DNU 70/2023 modificó la Ley 17.565 y estableció que solamente los medicamentos bajo receta deben venderse obligatoriamente en farmacias habilitadas.
Posteriormente, el Decreto 1024/2024 autorizó la exhibición de medicamentos de venta libre en las góndolas de las farmacias. También habilitó la comercialización de analgésicos y antiácidos en establecimientos no farmacéuticos, dejando abierta la posibilidad de ampliar esa lista. La norma exige envases cerrados, prospectos y venta exclusiva a mayores de 18 años.
La aplicación de esas disposiciones quedó atravesada por presentaciones judiciales de entidades farmacéuticas. Una medida cautelar suspendió parte de la desregulación mientras se analiza el planteo de inconstitucionalidad contra los artículos del DNU que modificaron el ejercicio de la actividad.
El nuevo proyecto que prepara el Gobierno buscaría llevar la discusión al Congreso y establecer un esquema uniforme para vender medicamentos en kioscos, supermercados y canales digitales.
En Córdoba, la Legislatura ratificó en marzo de 2024 la autonomía provincial para regular la actividad farmacéutica y la dispensa de medicamentos a través de la Ley 8302.
Mediante una resolución, además, rechazó los artículos del DNU 70/2023 vinculados con las farmacias por considerar que desconocían las atribuciones sanitarias de la Provincia.
El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, Germán Daniele, cuestionó que la medida represente un beneficio real para los pacientes. Señaló que actualmente las personas pueden consultar precios en distintas farmacias y, al mismo tiempo, recibir asesoramiento profesional.
La discusión enfrenta dos concepciones: la del Gobierno, que trata al medicamento como un producto cuyo acceso puede ampliarse mediante mayor competencia, y la de los profesionales sanitarios, que lo consideran un bien social que necesita controles especiales.
