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(Alta Gracia; SN) – Centrales obreras, organizaciones sociales y colectivos ambientalistas se movilizarán este jueves en diferentes puntos del país contra el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno nacional.
En la ciudad de Buenos Aires, la CGT, las dos CTA, el Frente de Sindicatos Unidos y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular convocaron a concentrarse desde las 14 frente al Congreso.
En Córdoba capital, el Movimiento Obrero Unido de Córdoba, organizaciones sociales y colectivos socioambientales se reunirán a las 17 en la esquina de Colón y General Paz.
Alta Gracia se sumará a la jornada nacional con una concentración propia. La Asamblea Paravachasca convocó a las 18 en Plaza Solares bajo la consigna “La tierra no se vende, no se entrega ni se desaloja”.
Diego Aranda, integrante de la organización, explicó en Siempre Radio que la protesta continúa pese a que el oficialismo retiró del proyecto el capítulo que modificaba los límites para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
“Se bajó el capítulo tres, pero queda toda la otra parte y lo de fondo, que tiene que ver con los desalojos, el uso de la fuerza y las tierras incendiadas”, afirmó.
El Senado tiene previsto retomar este jueves el debate del expediente PE-13/26. El proyecto modifica el régimen de expropiaciones, acelera los procesos de desalojo e introduce cambios en las restricciones que pesan sobre algunos terrenos afectados por incendios.
La Asamblea decidió realizar una convocatoria propia en Alta Gracia para discutir las posibles consecuencias de la ley dentro de Paravachasca.
“La idea es poner en consideración lo que implicaría para el valle. A veces se ve como algo lejano y se cree que no afectaría”, explicó Aranda.
El integrante de la organización sostuvo que existen fuertes intereses vinculados con el desarrollo inmobiliario y productivo en diferentes sectores de la región.
“Hay muchas tierras con ansias de poder desarrollarse en el valle de Paravachasca. Por eso elegimos hacer la convocatoria en Alta Gracia y no sumarnos solamente a la movilización de la ciudad de Córdoba”, señaló.
El crecimiento urbano, los incendios y las dificultades para acceder a un terreno forman parte de las discusiones que atraviesan desde hace años a Alta Gracia y las localidades cercanas.
Para Aranda, el debate nacional debe conectarse con esa realidad territorial.
“En un país y en una Córdoba donde cada vez cuesta más acceder a un pedazo de tierra para vivir y donde los alquileres son imposibles, la cuestión de fondo es la tierra para quién”, afirmó.
La compra de tierras rurales por extranjeros era uno de los puntos más cuestionados del proyecto original.
La legislación vigente establece que las personas y empresas extranjeras no pueden poseer más del 15 por ciento de las tierras rurales en los ámbitos nacional, provincial y municipal.
La iniciativa del Gobierno proponía modificar esas restricciones. Después de no conseguir los votos necesarios, el oficialismo decidió retirar por completo ese capítulo antes de la sesión.
Por lo tanto, el texto que llegará al recinto no cambiará, por ahora, los límites establecidos por la actual Ley de Tierras Rurales.
La decisión no desactivó las protestas. Las organizaciones sostienen que los artículos restantes también pueden afectar a inquilinos, comunidades campesinas y territorios sometidos a incendios o presiones inmobiliarias.
Uno de los ejes que permanece en el proyecto es la modificación de los procesos de desalojo.
La reforma propone utilizar el trámite sumarísimo, el procedimiento más breve contemplado por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. También facilita la ejecución anticipada de una desocupación antes de que exista sentencia.
El texto original incluía cambios que podían afectar directamente a los barrios populares registrados. Ese capítulo fue eliminado durante el debate en comisiones, por lo que continúa vigente la suspensión de desalojos establecida para esos sectores hasta octubre de 2032.
Sin embargo, permanecen otras modificaciones destinadas a acelerar los procesos en casos de alquileres, ocupaciones y disputas por inmuebles.
Aranda definió esas disposiciones como “desalojos exprés” y advirtió sobre la reducción de las posibilidades de defensa de quienes habitan las propiedades en conflicto.
La iniciativa también modifica la Ley de Manejo del Fuego. En este punto resulta necesario distinguir entre diferentes categorías de terrenos.
El dictamen mantiene la prohibición durante 60 años de cambiar el uso del suelo en bosques nativos, áreas naturales protegidas y humedales afectados por incendios.
El cambio alcanza principalmente a terrenos rurales productivos. Para esos espacios, el proyecto elimina la restricción de 30 años que actualmente impide modificar su uso, lotearlos o venderlos después de un incendio.
Las organizaciones ambientales consideran que esa modificación podría aumentar la presión sobre las tierras quemadas y facilitar proyectos productivos, turísticos o inmobiliarios.
Aranda vinculó esa discusión con los incendios que afectan periódicamente a Córdoba y otras provincias.
“Esta ley permitiría avanzar con cambios de uso del suelo y con proyectos extractivos, mineros, turísticos o petroleros”, sostuvo.
Su afirmación representa la interpretación de la Asamblea sobre los posibles efectos de la reforma. El alcance definitivo dependerá del texto que apruebe el Congreso y de las regulaciones ambientales nacionales y provinciales que continúen vigentes.
La convocatoria comenzará a las 18 y contará con la participación de organizaciones sociales, ambientales, territoriales y políticas. También estarán presentes integrantes del grupo de jubilados que se reúne semanalmente en Plaza Solares.
Durante la actividad habrá intervenciones de los sectores participantes y se expondrán las razones del rechazo al proyecto.
“Invitamos a toda la ciudadanía y a toda la comunidad del valle de Paravachasca a acercarse. Lo que está en juego en nuestro valle es la tierra para vivir y para producir alimentos”, afirmó Aranda.
Mientras el Senado retoma la discusión en Buenos Aires, la Asamblea buscará trasladar el debate al centro de Alta Gracia y relacionarlo con los conflictos concretos por el acceso, el uso y la protección de la tierra en Paravachasca.
